La Comisión de Seguridad Social de Diputados debatió en una audiencia pública la imposición de un tributo sobre bebidas azucaradas. La discusión se realizó alrededor de una recomendación del Consejo Nacional de Salud, que sugirió a mediados de este año imponer un gravamen del 20% a las bebidas procesadas con azúcar. Con la recaudación, sostiene el Consejo, se podrán financiar políticas en contra de la obesidad infantil.
La recomendación del Consejo se inspira en una recomendación realizada el 2016 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que los gobiernos establezcan esa tributación especial. El argumento de la organización es que, con el aumento de los precios producto del impuesto, se reduciría el consumo de azúcar, lo que mejoraría la calidad de la alimentación y reduciría la diabetes y la obesidad.
La coordinadora sustituta de la Educación Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Desarrollo Social, Carla Gisele Mota, destacó que el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria de 2016 tiene la meta de cambiar el patrón de alimentación de la población, buscando aumentar de un 36,5% a un 43% el consumo de frutas y verduras, reduciendo el consumo de bebidas gaseosas un 14%.
A su turno, el abogado del Instituto de Defensa del Consumidor (Idec), Igor Rodriguez Britto defendió el aumento de la alícuota, que se debería realizad en el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) sobre las bebidas azucaradas, ya que la Constitución establece que el impuesto sea selectivo según la esencialidad del producto.
Consecutivamente, el coordinador general de Tributación del Ministerio de Hacienda, Fernando Mombelli, afirmó que la cartera viene discutiendo con el Ministerio de Salud los aspectos técnicos para reformar el gravamen de esas bebidas.
En la actualidad, las bebidas pagan en promedio un 4% de IPI. La alícuota depende del recipiente, si la botella es de PET o lata, por ejemplo. Además, el guarismo puede ser reducido a un 2% si la gaseosa usa extracto de guaraná o açaí.
Mombelli aclaró, por último, que las bebidas procesadas con azúcar agregado no pueden tener un IPI más alto que el de las bebidas alcohólicas, que llegan a un 6% en el caso de las cervezas, un 10% en el caso del vino y de un 20% en las bebidas destiladas.
El diputado opositor Sérgio Vidigal (Partido Democrático Laborista), uno de los legisladores que solicitó la audiencia pública, consideró imprescindible el aumento de los impuestos al sector de las bebidas. “Vamos a presentar una sugerencia al Ministerio de Salud sobre este tema, porque el propio ministerio puede tener la iniciativa de presentar un proyecto de ley“, afirmó.
Industria
Al respecto, el director de la Asociación Brasileña de las Industrias de Gaseosas y de Bebidas No Alcohólicas (Abir), Alexandre Jobim, el aumento de la obesidad en Brasil no es culpa de las gaseosas y de las bebidas azucaradas.
En el período de 10 años en que la obesidad subió en Brasil de 11,8% a 18,9% de la población, el consumo regular de gaseosas cayó a la mitad, de un 30,9% en 2006 a un 16,5% en 2016. Además, Jobim destacó que en los últimos 6 años, la industria disminuyó a un 11% el azúcar de las gaseosas, y que en los próximos 4 años, la reducción llegará a un 21%.
Finalmente, el director de la cámara empresarial criticó la carga tributaria en el sector: ” El 40% del precio final de las gaseosas son impuestos“. Jobim consideró que el aumento tributario “es una de las iniciativas menos efectivas en el combate a la obesidad”.
Próximos pasos
En la comisión aún se le está dando forma al gravamen que se le podría imponer a las bebidas azucaradas. Para que comience a tramitarse de forma real en el Congreso, es menester que se presente un proyecto de ley o que la comisión elabore un dictamen en donde genere una iniciativa imponiento la carga impositiva.