(Cámara de Diputados – Comisión de Transparencia y Anticorrupción – 3 de junio de 2014) La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, analiza un proyecto de decreto que reforma y adiciona nuevas disposiciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La iniciativa legislativa del diputado Rafael Alejandro Méndez, (PAN) perteneciente a la segunda fuerza política del país, modifica los artículos 8, 13 y 74, de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
En ella, su autor no solo obliga a los servidores públicos, a abstenerse de realizar acciones que generan gastos adicionales a los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos, sino que también sanciona estas conductas.
Para el legislador panista, es alarmante como al final del ejercicio fiscal, los informes financieros presentados por los funcionarios públicos, presentan una aceleración del gasto (subejercicios no sanados, endeudamientos, inversiones no autorizadas, etc) que en la mayoría de los casos resulta mayor, al monto original aprobado.
“El presupuesto ejercido es cualitativamente distinto al que se calendarizó originalmente, esto significa que los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo no se están cumpliendo, y este desequilibrio abre brechas que ahondan más en las desigualdades sociales”, afirmó.
Durante la presentación de su proyecto, también se refirió a las clases desprotegidas como las más afectadas, ya que los recursos que se desvían para otras obras, son los que inicialmente se habían encomendado para ellas.
Frente al accionar de los servidores públicos, el diputado mexicano catalogó su conducta como irresponsable, y dijo que los funcionarios aprovechan las lagunas jurídicas para desempeñarse con negligencia, opacidad y falta de probidad “lo que no está jurídicamente prohibido, está jurídicamente permitido”.
Por ello, a modo de prevención, también resaltó la importancia de sancionar a quienes no usen adecuadamente los dineros públicos “si existe responsabilidad administrativa del Estado para cuando su actuar perjudica a una persona, con mucha mayor razón, debe haber responsabilidad, cuando un funcionario daña a miles de personas con su actuar”.
El proyecto de decreto, con una mediana probabilidad de avanzar, también fue direccionado a la Comisión Constitucional, la cual deberá verificar la legalidad de la iniciativa. Para su debate- que se daría en los próximos meses- en el Plenario de la Cámara de Diputados, será necesario que ambas comisiones lo dictamen favorablemente.