Días previos a la marcha, legisladores de todo el arco político dejaron su huella aprovechando la agenda mediática fijada por las redes sociales. Pidieron desde incorporar el tema a la enseñanza obligatoria hasta la creación de un ministerio de la Mujer.
Desde que encontraron el cuerpo enterrado de la joven Chiara Páez, el pasado 11 de mayo se fue generando una conciencia social a través de Twitter que derivó en el grito de toda la sociedad argentina para terminar con los femicidios. Y ese grito, que se manifestó en concentraciones bajo el lema #NiUnaMenos, fue recogido por distintos sectores de diputados a través de proyectos de ley. Hasta el momento de la marcha presentaron 13 iniciativas que van en conjunción con las peticiones que se reclamaban.
Los radicales fueron el espacio que más proyectos presentó: desplegaron 3 iniciativas, entre las que propusieron incorporar la temática de la violencia en las curriculas del sistema educativo nacional; e implementar métodos de rastreo y control electrónico, en carácter preventivo, para infractores o quienes desarrollen conductas peligrosas para la mujer y su entorno.
Asimismo, hicieron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que disponga las la puesta en pleno funcionamiento del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, previsto en el artículo 12 de la Ley 26.485.
El PRO pidió declarar la emergencia Pública en todo el territorio nacional y fomentó licencias especiales por violencia de género.
Desde el Frente de Izquierda, presentaron 2 proyectos para crear un plan nacional de emergencia contra la violencia y centros de asistencia gratuitos “a la mujer violentada”.
También mandaron iniciativas desde Compromiso Federal y Unión por Córdoba, donde requerían que los jueces utilizaran métodos de rastreo y control electrónico en carácter preventivo; y modificar el Código Penal sobre violencia intrafamiliar y/o de género.
Por su parte, desde el oficialismo Dulce Granados presentó una iniciativa para crear el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y la camporista Anabel Fernández Sagasti promovió una modificación a la norma de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en cuanto a la intervención de los jueces.