La Comisión de Presupuesto de Diputados despachó esta noche el proyecto para actualizar el impuesto a las Ganancias. Hay consenso entre casi todas las bancadas para aceptar las modificaciones que esta tarde introdujo el Senado y convertirlas en ley en una sesión especial programada para mañana.
Con la firma de 25 diputados, el cuerpo que preside Luciano Laspina (PRO) logró el despacho ratificando los cambios que impulsó la Casa Rosada a partir de las negociaciones con referentes sindicales y gobernadores. Los legisladores que acompañaron la redacción de la segunda lectura corresponden a Cambiemos, Bloque Justicialista, Federal UNA, Partido Socialista y GEN.
Solo dos espacios se manifestaron en contra: el Frente de Izquierda y el FPV-PJ- Desde el kirchnerismo anticiparon a Directorio Legislativo que insistirán en la media sanción original, sin embargo estiman que no tendrán éxito. Para ello necesitarán el aval de los dos tercios de los legisladores.
Al tratarse de una sesión especial y haber logrado la firma del dictamen hoy, el expediente quedará habilitado solo con el consentimiento de 129 legisladores. Si no se hubiera despachado, habría sido necesario aprobar su tratamiento con los dos tercios de la cámara.
El articulado que mañana sería sancionado eleva el mínimo no imponible a 37 mil pesos para casados, 28 mil para solteros sin hijos y una deducción extra para los trabajadores de zonas desfavorables (Patagonia).
Para financiar el impacto fiscal de la medida, el articulado prevé imponer la un impuesto extraordinario a la compra venta de dólares futuro, dos impuestos al juego y disminuciones presupuestarias.
El debate
El primero de los legisladores en tomar la palabra fue Nestor Pitrola (FIT), quien comenzó resaltando que su espacio votará en forma negativa la iniciativa. Consideró que la redacción propuesta por el Senado es “incluso peor que el que giro el Ejecutivo en primera instancia”.
Por su parte, desde el FPV-PJ señalaron que que el tratamiento que le dio la cámara revisora fue un ataque a la labor de la primera lectura. Consideraron que los gobernadores fueron extorsionados con la negativa de obra pública para rechazar la media sanción del 6 de diciembre. Y reclamaron conocer los detalles de las discusiones que impulsó el Gobierno con la CGT y los mandatarios provinciales.
Al respecto Luciano Laspina (PRO) señaló el diálogo que impulsó el Ejecutivo no fue una extorsión sino “un ejemplo de madurez en la recuperación del diálogo”.
Axel Kicillof (FPV-PJ) consideró que la intención del Gobierno por frenar la redacción de Diputados obedece a garantizar el lucro del sistema financiero y de los exportadores concentrados, en referencia al sector minero. “Hay una cuestión muy clara: El Gobierno no quiere cobrarle a los bancos ni a los grandes exportadores”, remarcó.
En lo referido al equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y el Gobierno, Miguel Bazze (UCR) resaltó que el proyecto que mañana sería sancionado es un “avance” y que esta discusión constituye “un proceso que se va a ir mejorando en 2017 y 2018”.