El 2 de noviembre, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto en revisión que establece un régimen especial para la ejecución de obras de infraestructura con la participación conjunta del sector público y privado (Expte. N° 0088-S-2016). El texto fue modificado para limitar los recursos destinables a esa modalidad de contratación, profundizar los controles y estimular la industria nacional. En función de esos cambios, el texto deberá ser refrendado por el Senado para convertirse en ley. Se espera que ese cuerpo le dé pronto tratamiento.
• Proyecto en consideración: Expte. N° 0088-S-2016. Régimen de Participación Público-Privada
• Resultado de la votación: APROBADO
• Cámara: Diputados
• Propuesta presentada por: Poder Ejecutivo
• Bloques a favor: CAMBIEMOS, Federal UNA, Justicialista
• Bloques en contra: FPV-PJ, FIT
• Próxima instancia: Vuelve a Senado para debatir modificaciones
El texto había sido discutido el miércoles 26 de octubre en el recinto, pero la oposición frustró la intención de CAMBIEMOS y logró retornar el expediente al estudio en comisión.
En esa instancia, las comisiones de Legislación General y la de Presupuesto y Hacienda discutieron y modificaron la redacción del articulado.
Principales cambios
La iniciativa establece que las obras que se impulsen por esta vía deberán fomentar el agregado de valor y promover el desarrollo de procesos de producción sustentable con el ambiente y el entorno humano. A su vez, el contrato deberá explicitar la responsabilidad ambiental corresponde a cada parte.
Por otra parte, se limitó la cantidad de recursos que podrán destinarse al PPP. Se establece que el monto total no podrá superar el 7 por ciento del presupuesto del año anterior. Sin embargo, para 2017 se fijó una cláusula transitoria más restrictiva, colocando un tope de 5 puntos.
Respecto a lo que fue uno de los reclamos centrales de la oposición, el proyecto propone una pauta de selección que determine ventajas para las pymes nacionales y la industria nacional.
En ese sentido, los pliegos deberán estipular que, en lo referido a provisión de bienes y servicios, es necesario que estén confeccionados con un mínimo del 33 por ciento de producción nacional. Fue a pedido del Frente Renovador (y en consonancia con lo requerido por la CGT).
En el debate, el diputado Axel Kicillof (FPV-PJ) consideró esa cláusula no es una solución para el sector industrial. Indicó que el tope será saldado con la mano de obra y el resto puede ser cubierto vía importación.
Una de las modificaciones celebradas por la oposición fue la incorporación de una comisión bicameral de control y seguimiento. De prosperar la redacción actual, dicho cuerpo tendría la facultad de requerir a la empresa contratante o a la Unidad PPP información respecto al cumplimiento del 33 por ciento de componente nacional.