Los asesores de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados abordaron un proyecto de ley que propone prohibir los cajeros automáticos y las transferencias electrónicas en salas de juego. El objetivo es dificultar el juego patológico. Más allá del tratamiento en la Comisión de Salud –presidida por la diputada Carolina Gaillard (FPV-PJ)- la iniciativa deberá ser abordada además por la Comisión de Finanzas y la de Presupuesto. Si bien el articulado cuenta con el consenso de los distintos bloques, la apretada agenda legislativa que afronta el Congreso hará que el proyecto no pueda ser dictaminado antes de la finalización del presente período parlamentario.
• Comisión: Acción Social y Salud Pública (asesores)
• Fecha de reunión: 12 de octubre de 2016
• Proyecto en consideración: Prevención del juego patológico
• Expte. Nº: 0507-D-2016 y 2322-D-2016
• Giros: Prevención de las Adicciones y Narcotráfico; Acción Social y Salud Pública; Finanzas; Presupuesto y Hacienda
• Resultado del encuentro: Pasó a la consideración de los diputados
• Propuesta presentada por: Gabriela Albornoz (UCR) y Mayra Mendoza (FPV-PJ)
• Bloques a favor: FPV-PJ, UCR, Coalición Cívica, PRO, Libres del Sur,
• Bloques en contra: –
En el día de ayer, los asesores de la Comisión de Acción Social y Salud Pública pasaron a la consideración de los legisladores una iniciativa que unifica los Expte. 0507-D-2016 y el 2322-D-2016 que tiene como finalidad prevenir el juego patológico.
En función de ello, el proyecto propone prohibir los cajeros automáticos en aquellos establecimientos en los que se practiquen juegos de azar.
La propuesta de los legisladores parte de un dictamen consensuado entre todos los bloques (Expte. N° 3766-D- 2014) que perdió estado parlamentario en 2016, sin llegar al recinto. La novedad en este caso es la exclusión de las transacciones con tarjetas u otros modos de pago electrónicos.
Los asesores que impulsan el texto manifestaron que en un primer momento se barajó prohibir la instalación de cajeros automáticos en un radio de 300 o 500 metros, pero quedó desestimada por considerar que era un procedimiento de difícil implementación.
Sin embargo, los autores del proyecto estiman que ese aspecto puede ser objeto de una futura ley.