Después de dos jornadas de “Debate y Aportes al Proyecto de Ley Infraestructura Federal de Telecomunicaciones Móviles”, el diputado oficialista Mario Oporto dio por terminadas las escuchas a expertos en la materia para poder valorar sus aportes en el proyecto que declara de interés público nacional la instalación de antenas.

En esta ocasión, el debate se concentró en torno a la situación de los municipios y las relaciones no ionizantes. Expusieron especialistas en derecho municipal y representantes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y la de la Universidad de la Plata.

• Comisión: Comunicaciones e Informática.

• Fecha de reunión: 14/07/2015.

• Proyecto en consideración: de ley. Argentina digital – ley 27078 -. Instalación de estructura soporte de antenas. Servidumbre. Recursos asociados al servicio de las comunicaciones móviles. Se declara de interés público nacional.

• Expte. Nº: 1941-D-2015.

• Giros: Comunicaciones e Informática; Legislación General.

• Resultado del encuentro: asistieron distintos expertos para exponer sobre el proyecto.

• Propuesta presentada por: Mario Oporto (FPV-PJ-Buenos Aires).

• Bloques a favor: aún no se expresaron.

• Bloques en contra: aún no se expresaron.

• Próxima instancia de debate: comisión de cabecera.

• Tiempos políticos: a raíz de los aportes de especialistas en la materia, se van a tener en consideración alguna de las cuestiones proporcionadas y el proyecto avanzará sin mayores inconvenientes.

• Observaciones: por parte de los exponentes de la FAM, pidieron incorporar la presencia de la federación en la autoridad de aplicación, ya que los intendentes “son los que están al frente cuando se instalan las antenas” y se “debería incluir la opinión municipal de forma concreta para mejorar el proyecto y avanzar en la regulación de este sistema nuevo”. Reclamaron compatibilidad para evitar conflictos judiciales, como sería la ubicación física de las antenas. Reiteraron que el artículo 3 no les permite ninguna injerencia a los municipios y “se debería contemplar la autonomía municipal”.

Resaltaron, además, el Código de Buenas Prácticas que redactaron con las empresas de telefonía en este sentido. Y se lo acercaron a las autoridades de la comisión para que lo tengan presente de aquí en adelante para el proyecto.

Orlando Pulvirenti, abogado especialista en derecho municipal sostuvo que es un caos que necesita “adecuamiento” de todas las instituciones y, por esta vía, requirió “armonizar las competencias de los municipios”.

Javier Díaz, Secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad de la Plata, afirmó que es necesario tener un marco regulatorio y aplaudió tener una normativa “que se asimile a la de los gasoductos y electricidad”. Destacó que el camino adecuado sería “intentar poner mayor cantidad de antenas con menos potencia eléctrica, como serían las LTE”.

También estuvo presente Norberto Capellán, presidente de la CICOMRA, quien reiteró la resolución de la OMS estableciendo que estas antenas no implican ningún riesgo para la salud, “emiten a baja potencia y se dan por debajo de los límites”. Además, defendió unos lineamientos federales que respeten la potestad y autonomía de los municipios a nivel local.

Y sugirió que hay que mirar la ley brasilera de antenas en cuanto a la parte de las tramitaciones para que se pueda brindar el servicio. Por otro lado, insistió en darle curso a la instalación de las antenas en los espacios públicos. Por ejemplo, en las luminarias, “donde facilitaría todo el procedimiento”, apuntilló.

Al término del debate, Mario Oporto dijo que quiere que su proyecto salga con el mayor de los consensos políticos pero “duda” de que una vez que la norma agilice los trámites, las telefónicas realmente capitalicen lo que se sostiene en el marco regulatorio.

Ante esto, Norberto Capellán le respondió que las empresas se comprometieron a invertir en el país. “Estaban esperando que se licitaran las bandas de 4 G e hicieron públicamente un compromiso de invertir cuatro mil millones de dólares, y la obligación de informar sobre las redes y planes de inversión a la autoridad de aplicación”.