Luego de la marcha en contra de la violencia de género -que concentró a miles de personas en la Plaza de los dos Congresos-, los legisladores se hicieron presentes, pero las iniciativas para prevenir los femicidios no fueron abundantes; tampoco hubo reuniones de comisión sobre la temática. Durante la última sesión de Senado solo se aprobaron jornadas de educación sexual.
Hubo solo 13 proyectos ingresados desde el 3 de junio: cuatro del oficialismo y nueve de la oposición. La mayoría de ellos reclaman por la efectiva aplicación de la Ley de Protección de Mujeres. Se destacan, además, tres iniciativas para prevenir el acoso callejero: dos legisladores oficialistas y uno de la oposición propusieron incorporar la violencia en espacios públicos a través de comentarios, insinuaciones, gestos, roce corporal intencional que resulten ofensivos, humillantes y denigrantes e indebidos.
Pero las iniciativas referentes a la Ley 26.485 -de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales están a la cabeza-, siempre propulsadas desde la oposición. A su interior, se destacan dos proyectos requiriendo su total reglamentación y el mismo número solicitando se informe su efectiva implementación, que también fue pedida a viva voz durante la marcha del 3 de junio. En la misma línea, una diputada solicitó la concurrencia del Ministro de, Dr. Julio Alak, a fin de que brinde explicaciones sobre las políticas implementadas por el Ministerio en referencia a la violencia de género.
Mientras tanto, otros se trabajaron otras iniciativas para trabajar en pos de la prevención de la violencia de género. Por el Frente para la Victoria, la diputada Dulce Granados, que tuvo una activa presencia con pancartas en la marcha, impulsó encuadrar las lesiones leves derivadas de casos de violencia de género o violencia doméstica dentro de los delitos de acción pública. Mientras que otra compañera de la bancada pidió un “Subsidio para la Protección y Reinserción Social” en favor de personas víctimas del delito de trata de personas.
Por la oposición, Alberto Aseff fue quien hizo carne el reclamo y presentó un proyecto de ley a fin de crear el Programa Nacional “NI UNA MENOS”, con el objetivo de otorgar asistencia inmediata a la víctima de violencia doméstica y a sus hijos menores. El mismo diputado massista presentó, también, un proyecto para incorporar al Programa Médico Obligatorio el “Programa de Prevención Primaria y Secundaria para la Asistencia y Atención a las Víctimas de Violencia Familiar”. Mientras que, otra par opositora promovió el Programa Nacional de Igualdad de Género, a través de su incorporación en la curricula de las escuelas públicas y privadas argentinas en todos los niveles, ciclos y modalidades.
Durante las sesiones -escasas de por sí- tampoco hubo una gran labor para prevenir la violencia de género. En la sesión del 10 de junio, Diputados no dio media sanción ni transformó en ley ningún proyecto contra los femicidios. Mientras que Senado en la sesión del 1 de julio dio media sanción al proyecto que establece la jornada “educar en igualdad: prevención y erradicación de la violencia de género” en todas las escuelas.
Los diputados nacionales tampoco decidieron tratar los temas, previos a la llegada al recinto. En la Comisión de Familia, mujer Niñez y adolescencia, la última reunión fecha de dos meses atrás. Otra de las comisiones involucradas en este tipo de proyectos es la de Legislación Penal, que se reunió luego del 3 de junio en dos oportunidades, pero el temario no incluyó políticas de género sino para tratar la implementación del nuevo Código Procesal Penal y para prevenir la violencia en espectáculos deportivos. Mientras, la comisión de Acción Social y Salud Pública se reunió en la fecha de la misma marcha pero con un temario totalmente ajeno.
En Senado, por su parte, los proyectos ingresados fueron girados a la comisión de Población y Desarrollo que, a la fecha, no celebró reunión de comisión.