(Cámara de Senadores – Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión – Anticipo – 27 de febrero de 2015) La comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado dejó pendientes dos proyectos de ley impulsados por el oficialismo que serían dictaminados este año. Se trata del que regular la calidad de internet y  el que busca  mejorar  la  relación contractual entre usuarios y prestadores del Servicio de Comunicaciones Móviles.

La primera norma de la autoría de la senadora Silvina García Larraburu (FPV-Río Negro), solicita la creación de un sistema nacional de control de calidad del servicio de acceso a internet para que el cliente disponga de la información necesaria para la elección del servicio a contratar.

El Expte. Nº 3242-S-2014 sugiere la creación de una página web de acceso público “mediante la que el usuario podrá medir la velocidad de transmisión, de transferencia y de latencia correspondiente al servicio contratado en un período determinado”.

El proyecto argumenta que al momento de contratar el servicio de internet, existen distintos servicios en base a las distintas velocidades de navegación en interner. La senadora señala que la mayoría de los clientes son particulares y que “muchas veces al momento de contratación del mismo el cliente no tiene la suficiente información que le facilite la posibilidad de elegir correctamente que nivel de prestación debe contratar según sus necesidades” y apunta que “el usuario no tiene forma alguna, a no ser que sea una especialista en esta materia, de verificar y controlar si el servicio contratado se condice con el suministrado”

La iniciativa establece que en aquel sitio web debe surgir la información de fecha y hora; número de I. P.; velocidad de subida; velocidad de bajada y deberá surgir la dirección web  en las boletas de pago electrónicas y en papel, que expidan las empresas proveedoras del servicio de acceso a internet.

Además, advierte que la página web “certificara las condiciones del servicio durante un periodo determinado y puede ser utilizada como prueba en cualquier reclamo por incumplimiento de la empresa proveedora del servicio de acceso a internet, ante el organismo que corresponda”.

En segundo lugar, se buscara el dictamen del proyecto (Expte. Nº 1770-S-2014) del senador Rolando Bermejo (FPV-PJ – Mendoza) que busca regula la relación contractual entre usuarios y prestadores del Servicio de Comunicaciones Móviles (SCM), y se aplica conjunta o subsidiariamente con la Ley Nº 24.240, de Defensa del Consumidor.

La iniciativa brinda los presupuestos que debe tener la relación contractual, en donde el prestador debe brindarle de manera previa al usuario información clara y precisa sobre los servicios ofrecidos.

El proyecto también obliga al prestador de comunicar al usuario, de modo fehaciente, cualquier modificación de las condiciones pactadas con una antelación mínima de 60 días, asistiéndole derecho al usuario de resolver el contrato, en caso de no aceptar las modificaciones dispuestas.

El diputado plantea que el prestador debe afrontar la responsabilidad ante el usuario de brindar un servicio de calidad y de forma continua y eficiente. Estos parámetros los determinará la Secretaria de Comunicaciones de la Nación.

A la vez, los prestadores están obligados a tener un horario de atención al público y un número gratuito habilitado las 24 horas. Obligando al usuario a que la presentación de reclamos se hagan de manera escrita u otro modo fehaciente en donde el prestador debe brindar información precisa.

El texto también regula las suspensiones del servicio por falta de pago, dando derecho al prestador de cortar el servio lo que no exime al usuario de la deuda acumulada. Mientras que la anulación del contrato por el usuario debe hacerse de manera fehaciente con una antelación de 15 días.

En sus fundamentos el diputado sanjuanino plantea que se ha planteado la relación transparente entre usuario y prestador del servicio e, incluido las demandas más comunes de los usuarios como la atención personal al cliente.

Ninguno de las dos iniciativas han sido tratadas por ninguna de las comisiones designadas.