(Cámara de Diputados – Comisión de Comunicaciones y Medios de Comunicación – Balance 2014 – 16 de enero de 2015) La comisión de Comunicaciones y Medios de comunicación de la Cámara de Diputados se reunió en 15 oportunidades durante el 2014 y dictaminó 16 proyectos de ley, 20 de resolución y 18 de declaración. Argentina digital, estatuto para empleados de call centers, registro “no llame”, prohibición de difusión de avisos sexuales, entre los principales.
El primer dictamen del 2014 fue para el estatuto para teleoperadores, impulsado por el oficialista Andrés Larroque (FPV-PJ – CABA). El proyecto (Expte. Nº 5047-D-2013) establece un tope semanal de 30 horas de trabajo, lo que da una jornada laboral de 6 horas al día. En los casos de trabajo nocturno, la jornada no podrá exceder las cinco horas y media. Además, los trabajadores deberán gozar de al menos dos fines de semana por mes trabajado, y durante la jornada diaria cada empleado dispondrá de un descanso de 15 minutos cada dos horas trabajadas.
Diputados de todos los bloques legislativos apoyaron un proyecto que crea el Registro “No Llame”, una nómina en la que los usuarios de telefonía móvil y fija podrán anotarse para no ser contactados por empresas de publicidad telefónica. La iniciativa (Expte. Nº 1132-S-2012) fue presentado por la senadora Norma Morandini (Fte. Cív. – Cordoba).
De la misma senadora, los diputados integrantes avalaron el proyecto que establece la difusión de la línea telefónica gratuita “144” con alcance nacional para la atención de consultas de violencia de género se encamina a convertirse en ley. La norma busca revalorizar el número destinado a “brindar contención, asesoramiento e información sobre los recursos disponibles en lo referido a la prevención de la violencia de género, así como la posibilidad de asistir a quienes la padecen”. (Expte. Nº 1948-S-2013).
En el seno de esa Comisión también se dictaminó el Expte Nº 6943-D-2014, impulsado por Larroque que prohíbe, en cualquier medio de comunicación, -incluyendo Internet- todo aviso, publicidad y mensaje que fomente la oferta sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual.
El proyecto oficialista –Expte. Nº 6007-D-2014– para declarar capital nacional del chip a la ciudad de Bahía Blanca, de autoría de Carlos “Cuto” Moreno (FPV-PJ – Buenos Aires) fue dictaminado por esta Comisión. En los fundamentos del texto se enumeran los “numerosos antecedentes” con que cuenta Bahía Blanca como para merecer semejante galardón. El primero de ellos, la creación en 1997 del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional del Sur, primer instituto del Conicet en el área electrónica del país.
Además se dictaminó la iniciativa –Expte. N°4666-D-2014– impulsada por Eduardo Seminara (FPV-PJ – Santa Fe) que establece el diez de octubre de cada año como el “Día Nacional del Derecho a la Comunicación”, en conmemoración al día en que se sancionó la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual.
Distintos acuerdos internacionales, impulsados por el Ejecutivo, fueron avalados también por esta Comisión. Por un lado, el Expte. 0415-S-2011 solicitando aprobar las enmiendas al convenio constitutivo de la organización internacional de telecomunicaciones móviles por satélite, el documento fue firmado el 2/10/2008, por parte de la asamblea en su vigésimo periodo de sesiones, en Londres. El mismo establece que las empresas prestadoras brindarán servicios de comunicaciones móviles por satélite a la Organización Marítima Internacional.
El otro proyecto es el Expte. Nº 0163-S-2012 aprobando el acuerdo con el Gobierno de Israel sobre cooperación en materia de telecomunicaciones, servicios postales y seguridad de la información y de las redes, suscripto en la ciudad de Jerusalén, el 4 de abril de 2011, cuyo fin es la promoción de las comunicaciones entre organismos públicos y privados, entre ambos países. Asimismo prevén el estudio de las telecomunicaciones y envíos postales.
Por último, también fue dictaminado el Expte. Nº 0151-S-2012, aprobando el convenio y reglamento general de las conferencias, asambleas y reuniones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, adoptados en Guadalajara -México- el 22 de octubre de 2010. El convenio reafirma la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas y advierte que ninguna disposición de la Unión Internacional de Telecomunicaciones podrá afectar dicha soberanía.
Desde el Senado, los diputados nacionales de la comisión de Comunicaciones dictaminaron el proyecto que busca instituir el 10 de octubre de cada año, como el día nacional de la lucha contra la violencia de género en los medios de comunicación. El proyecto –Expte. Nº 0311-S-2014-, de la senadora Sigrid Kunath (FPV-PJ – Entre Ríos) que tiene como objetivo promover la protección y salvaguarda la igualdad entre mujeres y hombres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual en la producción audiovisual.
Con respecto a la producción nacional, los diputados dieron el visto bueno al proyecto –Expte Nº 8350-D-2014-que establece la obligatoriedad de la cuota de emisión (50%) de producción nacional para las señales internacionales retransmitidas en la televisión. La iniciativa, de la diputada Liliana Mazure (FPV-PJ – CABA) obliga a las señales extranjeras de comunicación audiovisual que difundieren programas de ficción, superior al cincuenta por ciento (50%) de su programación diaria, deberán emitir un mínimo de dos (2) horas diarias de producción nacional.
En la última reunión del año y en un trámite express, los diputados que integran la Comisión de Comunicaciones aprobaron el proyecto de ley impulsado por el oficialismo: “Argentina Digital”. El proyecto –Expte Nº 0365-PE-2014– apunta a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones y regular el mercado de las tecnologías de la información. La norma prevé que las telefónicas puedan brindar servicio de video.
El proyecto, en Senado fue modificado. Entre los cambios está la creación de tres nuevas entidades de autoridad de aplicación: la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, el Consejo Federal de Tecnología de las Comunicaciones y una ampliación de las funciones de la comisión bicameral creada por la Ley de Medios, que incorpora el tema de la tecnología y la digitalización.
Las reformas superan las cuarenta: unas de mayor importancia y otras de menos. Por un lado se modificó el artículo 2º, referente a la finalidad, que incluye la distinción entre los mercados de generación de contenidos y de transporte, incluyendo el de distribución de manera que la influencia en uno de esos mercados no genere prácticas que impliquen distorsiones en otro.
También se incluyó en ese mismo artículo a las PyMEs como beneficiarios: En la ejecución de la presente ley se garantizará el desarrollo de las economías regionales, procurando el fortalecimiento de los actores locales existentes, tales como cooperativas, entidades sin fines de lucro y PyMES, propendiendo a la generación de nuevos actores que en forma individual o colectiva garanticen la prestación de los servicios de TIC.
Con respecto a la Inviolabilidad de las Comunicaciones (artículo 5º) se agregó que cualquier otro mecanismo que induzca al usuario a presumir la privacidad del mismo, y de los datos de tráfico asociados a ellos, realizadas a través de las redes y servicios de telecomunicaciones, es inviolable.
Uno de los grandes cambios se dio en el artículo 6º en las definiciones, que pasó a caracterizar a los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Servicios de TIC) como aquellos que tienen por objeto transportar o distribuir señales o, como voz, datos, texto, video e imágenes, facilitados o solicitados por los terceros usuarios, a través de redes de telecomunicaciones. Cada servicio estará sujeto a su marco regulatorio específico. De esta forma se eliminaron los servicios de compilación procesamiento, almacenamiento y transmisión de información y datos. Los servicios de telecomunicación incluyeron las redes de telecomunicaciones.
Hubo varios debates respecto de declarar la telefonía móvil como servicio público pero no surtieron efecto y finalmente, los proyectos fueron archivados.