(Cámara de Diputados – Mesa de Entradas del 5/12 al 19/12/2014). El diputado Luis Petri (UCR-Mendoza) presentó un proyecto de ley solicitando se modifiquen dos artículo de la ley “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes” -Ley Nº 26061- sobre aplicación y medidas de protección.

El proyecto –Expte. Nº 9654-D-2014– impulsa la modificación del artículo 35 y 37, imponiendo la obligación de notificar al juez cuando la amenaza y/o violación de derechos esté vinculada a situaciones de maltrato infantil a fin de que adopte en forma inmediata las medidas tutelares correspondientes respecto de las personas afectadas y de este modo garantice su vida, su integridad física y evite que la misma sea nuevamente sometida a cualquier tipo de amenaza o violación de sus derechos.

La ley prevé la intervención judicial solo para los casos de adopción de medidas excepcionales previo agotamiento de las medidas dispuestas por el artículo 33 que corresponden a los organismos administrativos con competencia local. Dicha intervención judicial resulta extemporánea e inútil en los casos de situaciones de maltrato infantil, ya que la equivocada adopción de medidas de protección por parte del órgano administrativo muchas veces termina costando la vida de los menores en situaciones de riesgo o vulnerabilidad.

El diputado alega que muchas de las decisiones que se toman desde los Órganos Administrativos Locales -OAL- “son adoptadas en ocasiones por personas que carecen de la idoneidad necesaria para atender y dar respuesta adecuada a las situaciones de violencia y maltrato, decisiones que además, carecen de control y supervisión”.

En base a eso es que proponen que, desde el comienzo, cuando se detecta una situación de violencia y maltrato infantil intervengan los tribunales de familia para adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la vida y la integridad física de los niños involucrados, monitoreando la labor de las OAL.