(Apertura de sesiones ordinarias – Anticipo – 28 de febrero de 2013) El discurso con el que Cristina Fernández de Kirchner abrirá el sábado las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa cobra particular importancia en su penúltimo año como Presidenta: en anteriores inauguraciones, sus anuncios constituyeron acertados predictores de aquello que ocurría durante los respectivos períodos parlamentarios. En otras palabras, buena parte de las políticas más influyentes quedarán allí delineadas.

Pese a que, de modo general, no pueda decirse que el Congreso funciona como una “escribanía” –desde 1983, sólo aprobó cerca del 50 por ciento de los proyectos del Ejecutivo frente a, por ejemplo, un 80 por ciento en Brasil-, las iniciativas más importantes que la jefa de Estado presenta en sus prolongados discursos de los 1 de marzo de cada año tienen una tasa de éxito importante.

En las dos horas y 56 minutos que habló ante la Asamblea Legislativa en 2011, la mandataria pidió, entre otras, por un nuevo estatuto del peón rural y por leyes de Tierra, Penal Tributaria y Antilavado. Los cuatro proyectos fueron presentados por el Ejecutivo a lo largo del año y aprobados aquel 22 de diciembre.

En 2012 las iniciativas anunciadas fueron más auspiciosas. Envalentada por el 54 por ciento que había cosechado meses atrás, la Presidenta dio un discurso que se extendió cuatro horas y 20 minutos, en el que pidió por la modificación de la carta orgánica del Banco Central, con la intención de que “no sólo se persiga la estabilidad de la moneda”, sino que también tenga injerencia en la economía real mediante la orientación del crédito. Menos de un mes después, el Senado convertía en ley la reforma, sin sobresaltos y con un bloque altamente disciplinado por el efecto electoral.

Mayor debate y esfuerzo implicó, por su propia naturaleza, la unificación de los Código Civil y Comercial en un único cuerpo normativo. Es por ello que debió esperar, desde su presentación, casi dos años para recibir media sanción de la Cámara de Senadores.

Pero, sin dudas, el discurso que Cristina Kirchner ofreció el año pasado fue, no sólo el más largo –casi cinco horas-, sino también el más largo y el que más revuelo generó. Ante versiones que alertaban sobre una reforma constitucional, demostró que las insinuaciones generadas por su entorno tenían como objetivo combatir el síndrome del “pato rengo”, característico del último ciclo en los sistemas presidenciales, cuando el jefe de Estado ya no puede renovar su cargo y comienza a perder poder. Así, descartó su deseo de re-reelección, posibilidad que encontraría su muerte definitiva tras el magro resultado en las elecciones legislativas de octubre.

Aplacado cualquier intento de reforma de la Carta Magna, presentó una batería de proyectos para promover una Justicia “democrática, no corporativa”. La principal transformación apuntaba promover  la elección popular del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y remover jueces. “La propuesta va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo sean elegidos por el pueblo”, explicó. “Ni los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos”, añadió.

A partir de entonces, las ya duras peleas con la Justicia fueron in crescendo. A tal punto que la Corte Suprema declaró inconstitucional los principales aspectos de la reforma. Es posible que el tema sea retomado el sábado, no ya para reimpulsarlo, sino para lamentar que no la dejaron “democratizar la Justicia”. De todos modos, las tensiones aflojaron parcialmente cuando el máximo tribunal declaró constitucional la ley de Medios.

Otro de los asuntos del discurso de 2013 fue la apertura por tiempo indeterminado de la denominada ley Cerrojo para permitir un eventual pago a los fondos buitre, con los que negociaría a lo largo del año. El Gobierno logró su objetivo en septiembre, cuando Diputados aprobó la reapertura del canje de deuda.

Su penúltima asistencia para inaugurar las sesiones del Congreso despierta grandes interrogantes. Por un lado, es el último año de gestión “pura y dura”, en tanto 2015 estará signado por las elecciones presidenciales. Por tanto, el Gobierno tiene una de sus últimas oportunidades para lograr la legislación que pretende dejar como legado e irse con una buena imagen, lo que incrementaría sus posibilidades de influir en los próximos comicios, máxime cuando aún no se vislumbra un claro sucesor que provenga del riñón de la jefa de Estado. Más allá de que se promuevan las internas, se presume que la Presidenta jugaría su carta, aunque tal vez no como la “gran electora”.

El anteproyecto del Código Penal, el acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF y los derechos del consumidor serían algunos de los asuntos mencionados por la mandataria. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, adelantó que “en la agenda de marzo estará el tratamiento por parte del Senado del proyecto de ley de Digesto Jurídico, que ya tiene media sanción de Diputados, y cuya aprobación permitirá reducir 32.000 leyes a 3.200”.

“También en este primer trimestre año se tratará el proyecto de ley del nuevo Código Civil y Comercial, que tiene media sanción del Senado”, informó Capitanich, quien añadió que la Presidenta “recibió la iniciativa por la reforma del Código Penal y será girado al Congreso para su debate en ambas Cámaras y obtener la ley”. Pero habrá sorpresas. Como tales, no se conocen de antemano, pero Cristina nos acostumbró a ellas.

Ya sea como anticipo de las próximas políticas públicas, o por la posibilidad de predecir posibles alianzas para 2015 y cuán disciplinado será el oficialismo en el último tramo del ciclo, tanto dentro como fuera del Congreso, el período 132 de sesiones ordinarias que Cristina inaugurará el sábado tendrá un condimento especial. Será la antesala en la cual kirchneristas y opositores intentarán mostrarse y dejar una buena imagen de cara a sus futuras carreras políticas. Algunos, ambiciosos, pretenderán buscar desde allí el premio mayor: la presidencia.