(Argentina – Congreso de la Nación – Informe especial finanzas – 3 de enero de 2014) Seis fueron las leyes aprobadas en 2013 que modifican la legislación financiera.Todas ellas fueron enviadas al Congreso por el Poder Ejecutivo. El blanqueo de capitales, la negociación con los fondos buitres, la modificación al impuesto a las ganancias y la prórroga del impuesto a los créditos y débitos bancarios, entre las principales temáticas legisladas.
A lo largo de 2013, el Congreso dio sanción definitiva a seis leyes referidas al sector financiero. Cada cámara legislativa sancionó tres normas.
A principios de año, la Cámara de Diputados aprobó una ley que aumenta la cuota de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El proyecto, redactado en la Casa Rosada, establece que la Argentina deberá capitalizar al FMI con un monto total de aproximadamente 5.000 millones de dólares, que serán girados en los próximos años.
El blanqueo de capitales, impulsada desde el Poder Ejecutivo, también obtuvo fuerza de ley en la Camara de Diputados.
La iniciativa fue defendida por el equipo económico del gobierno en pleno. Hernán Lorenzino y su sucesor al frente de la cartera de Economía, Axel Kicillof; el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno; la ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fueron los encargados de defender la norma en el Congreso.
La ley fue finalmente sancionada en la sesión del 17 de abril del Cámara de Diputados. El texto autoriza la emisión del Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE), el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico.
El objetivo de la ley era desviar los ahorros en dólares no declarados hacia el sector energético y de la construcción. Para ello, se esperaban recaudar 4 mil millones de dólares. Meses después de la sanción de la ley, el blanqueo no logró recaudar más de 700 millones. A pesar de estar lejos del objetivo, la ley logró su segunda prórroga, decretada pro el PEN, que dará tres meses más a la AFIP para lograr su cometido.
La Cámara de Diputados también aprobó una ley que permite al Poder Ejecutivo renegociar una parte de la deuda con los tenedores de bonos que no habían entrado en las reestructuraciones de 2005 y 2010.
Así, con apoyo de un gran sector de la oposición, el Frente para la Victoria logró convertir en ley el proyecto que suspende la denominada Ley Cerrojo, con el fin de habilitar una tercera reapertura del canje de la deuda externa.
El fallo del juez Thomas Griesa, de la Cámara de Apelaciones de New York, a favor de los fondos buitres, provocó la reacción del gobierno, el cual buscó una nueva reestructuración de la deuda. La norma fue avalada por la Cámara de Diputados durante la sesión del 11 de septiembre.
Por su parte, el Senado de la Nación dio sanción definitiva a un proyecto, que grava una parte de la renta financiera. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo para equilibrar el desbalance generado por la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
Tras el revés electoral de las PASO, el Poder Ejecutivo dispuso una suba en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, un reclamo de larga data de los trabajadores.
La iniciativa dispone un tributo a las acciones de empresas que no cotizan en Bolsa. Las alícuotas fijadas por la ley son del 10 por ciento para la distribución de dividendos de las empresas y del 15 por ciento para la compraventa de acciones y títulos que no cotizan en mercados bursátiles.
Con un impuesto del orden del 15 por ciento para la compraventa de bonos que no cotizan en la bolsa, y del 10 por ciento para la distribución de dividendos entre empresas extranjeras que involucren activos nacionales, Echegaray -quien presentó el proyecto en el Congreso- estimó que el Estado recaudará “unos 1367 millones de pesos” en concepto del primer gravamen, y 670 por el segundo.
Los senadores nacionales también avalaron la prórroga del impuesto a los débitos y créditos bancarios.
Como parte de un paquete de leyes económicas, que incluyó al Presupuesto 2014 y a la Emergencia Económica, el Congreso aprobó la prórroga del impuesto a los débitos y cr´reditos bancarios. A través de este tributo, el Estado nacional recauda el 0,6 por ciento de cada cheque que se deposita y el mismo porcentaje del que se cobra, de manera que el cliente no puede evadir el pago. Algunas operaciones están exentas, como la cuenta sueldos o de jubilados, y en algunos casos se puede computar parte del impuesto como pago a cuenta de otros impuestos, como Ganancias y Ganancia Mínima Presunta.
Finalmente, en una sesión extraordinaria, el Senado dio sanción definitiva al proyecto enviado por el Ejecutivo por el cual se aumentan las alícuotas para la venta de bienes suntuarios.
La ley establece que en el caso de los vehículos comunes, aquellos cuyo valor se encuentre entre $170 mil y $210 mil, tributarán una alícuota del 30 por ciento, mientras que aquellos que excedan los $210 mil tributarán una alícuota del 50 por ciento.
Para el caso de las motos, las que tengan un valor inferior a $22 mil quedan exentas de todo impuesto; mientras que las que igualen o superen ese valor, tributarán un 50 por ciento.
En tanto, aeronaves y embarcaciones con un costo de entre $100 mil y $170 mil tributarán una alícuota de 30 por ciento; aquellos que superen el valor de 170 mil tributarán un 50 por ciento.