Prohibirían que condenados por delitos sexuales ocupen cargos educativos
6 septiembre 2013

(Cámara de Diputados- Comisión de Educación- Reunión del 03 de septiembre de 2013) La Comisión de Educación de Diputados le dio despacho favorable a un proyecto que prohíbe ocupar cargo o desempeñarse como autoridad en instituciones de educación superior a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad, incurran en actos de fuerza contra el orden constitucional y por delitos contra la integridad sexual.

El Expte. Nº 5571-D-2013 de autoría de la titular de la Comisión, Adriana Puiggros (FPV-Buenos Aires), modifica la ley de Educación Superior -24.521-, incorporando el artículo 12 bis con la respectiva prohibición.

Al texto se la realizarán algunas modificaciones en la redacción a instancias de Eduardo Amadeo, quien refutó que el proyecto hiciera mención a los “actos de fuerza contra el régimen democrático”.

Horacio Pietragalla pidió que la prohibición se extendiera a los procesados por delitos de lesa humanidad. “¿Se imaginan a Blaquier o a Patti siendo decanos de una facultad?”, manifestó.

Alcira Argumedo propuso, entonces, que mientras dure el proceso penal no puedan acceder al cargo. Esta moción terminó siendo apoyada por la mayoría de los presentes.  Ahora el texto está en condiciones de llegar al recinto.

En los fundamentos, la diputada oficialista considera que “los delitos de lesa humanidad, así como los que atentan contra la integridad sexual, deben constituir una razón insalvable para el ejercicio de la docencia, en general y en particular en la educación superior”.

De hecho, en su artículo 70, aunque solo referida a los primeros, la Ley 26.206 de Educación Nacional, explicita claramente que No podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido condenado/a por delito de lesa humanidad, o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional, aun cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la conmutación de la pena.

Asimismo, en una autocrítica poco común en el kirchnerismo, argumenta que se trata de “una deuda pendiente con la política de derechos humanos que impulsa este proyecto político desde hace 10 años”.

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