(NACIÓN-Cámara de Senadores- Comisión de Justicia y Asuntos Penales- Balance Primer Semestre -26 de Julio de 2013) A diferencia de otros períodos, fue un semestre movido para la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado: se reunió nueve veces y aprobó diez proyectos de ley. Por su competencia en lo “penal” es entendible que no haya aprobado ninguno de declaración, ni de resolución y tampoco de comunicación.
Si hay un paquete de medidas que marquen a fuego la primera mitad de año, este sería la reforma judicial que envío el gobierno bajo la consigna de democratizar la justicia.
Junto a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Justicia y Asuntos Penales aprobó los proyectos más polémicos: la reforma del Consejo de la Magistratura, los cambios en la regulación de las medidas cautelares y la creación de nuevas Cámaras de Casación.
Fueron debates extensos y ríspidos, en algunos la oposición decidió no intervenir. Tanto el ministro de Justicia Julio Alak, como el Secretario de la cartera, Julián Álvarez estuvieron presentes defendiendo las iniciativas del Ejecutivo. Horacio Verbitsky, en nombre del CELS, manifestó las discrepancias sobre el texto de las medidas cautelares, al igual que otras asociaciones civiles como ACIJ y ACD.
Igualmente, un plenario de Comisiones le dio luz verde a los tres proyectos restantes sobre la reforma judicial, que ya venían con media sanción de Diputados: el ingreso democrático al Poder Judicial; el carácter público de las declaraciones juradas de funcionarios públicos y la publicación obligatoria de las decisiones de la Justicia.
Para el debate de estos proyectos también estuvieron presentes para dar su visión Franco Picardi, subsecretario de Justicia y el doctor Ernesto Kreplak, subsecretario de Gestión Registral.
Otro de los proyectos enviados por el gobierno que pasaron por esta comisión fue el texto sobre blanqueo de capitales.
Se trató junto a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional e Inversión, quienes aprobaron el Expte. Nº 28-PE-13, autorizando la emisión del “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)”, el ” Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico” y el “Certificado de Depósito para Inversión” (CEDIN).
En este primer semestre, la Comisión de Justicia también emitió dictamen favorable para la iniciativa que propone una pena de uno a cuatro años de prisión para quien ejerza el trabajo infantil.
El proyecto –Expte Nº 126-CD-2012– establece la penalización para aquel “que promoviere, facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave”.
Asimismo la iniciativa se incorporaría como artículo 148 bis al Código Penal y señala que “quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente”, y que “no será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta descripta”.
En tanto, deja afuera de la prohibición aquellos contratos de menores de 16 años celebrados con anterioridad a la promulgación de la ley y se estipula como edad mínima los 15 años.
Durante el debate estuvo presente el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien aseguró que “No hay ninguna razón económica que justifique la explotación de un niño”. Además se mostró sorprendido con cierta dilación en el tratamiento legislativo de dicho proyecto. “Este proyecto toca mucho intereses y nunca imaginé que tuviera tantos obstáculos para llegar al recinto”, sentenció.
Un régimen reparatorio para ex presos políticos forma parte asimismo de la cosecha de la Comisión de Guastavino.
El texto de Expte. Nº 196-CD-2012, de autoría del diputado formoseño Juan Carlos Díaz Roig, establece una pensión graciable igual a la remuneración mensual asignada a la Categoría D del escalafón para el Personal Civil de la administración pública, cifra que supera los 4 mil pesos.
El beneficio es para personas “privadas de libertad condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo, y/o privadas de su libertad, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles”.
Finalmente, la creación de dos juzgados federales se definió en este ámbito: el juzgado federal de primera instancia en lo federal con asiento en la ciudad de Gualeguaychú; y el juzgado federal de primera instancia nº 3, con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán.