Adriana Blanco, jefa de la Unidad de Factores de Riesgo y Nutrición de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se refirió a las leyes de etiquetado de Uruguay y Chile para señalar que a nadie le interesa que una industria deje producir, pero sí que sus productos eviten problemas de salud a la población. En este sentido, cabe resaltar el trabajo que realiza el Congreso uruguayo para sancionar su iniciativa en la materia, mientras la nación trasandina ya cuenta con su propia legislación desde hace un año prácticamente.

Los proyectos de ley mencionados persiguen el mismo objetivo y hacen que los envases de los bienes comestibles lleven determinados carteles, haciendo evidente cuando presentan un exceso de sal, grasas o azúcares. Lógicamente, la medida genera cierto grado de resistencia en empresas del sector, pero no puede detener la intención del organismo de proveer información certera y sin segundos intereses de por medio.

Blanco indicó que los objetivos de la industria no siempre se alinean con los de la OPS, cuya finalidad no es demonizar a las compañías privadas sino buscar que éstas comprendan mejor su rol en los desafíos del mundo actual. De esta forma, se pretende que adapten los alimentos que comercializan y contribuyan a la salud de la ciudadanía, sin forzarlos nunca a dejar de producir.

La alimentación, a diferencia del tabaco, tiene la posibilidad de ofrecer mejores productos en términos sanitarios y de calidad. Chile es un claro ejemplo, donde más del 90% de las personas han reconocido que prestan atención a los sellos que aparecen en los envoltorios y utilizan el nuevo mecanismo implementado para decidir sus compras. Esto sigue sin querer decir que los alimentos etiquetados no se puedan consumir, sino que es simplemente un aviso para que se los tenga en cuenta con cuidado a la hora de consumir .