Esta tarde, la Comisión de Presupuesto y Hacienda dictaminó el proyecto de ley que es la expresión del acuerdo entre movimientos sociales y el Gobierno nacional. El articulado que impulsa en el Congreso el diputado Leonardo Grosso (Peronismo Para la Victoria) establece herramientas para institucionalizar la Economía Popular. Existe acuerdo para que llegue al recinto el próximo martes.
La iniciativa propone la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario y la creación de un registro de trabajadores populares. También establece declarar la Emergencia Social hasta el 31 de diciembre de 2019. El articulado recibió amplio apoyo de oficialistas y opositores.
A la hora de presentar la propuesta, Grosso enfatizó en la necesidad de cambiar el paradigma de los planes sociales para transformarlos en un salario social complementario. A su vez, puso el foco en crear todos los salarios que hagan falta.
Lucila De Ponti (Peronismo Para la Victoria) señaló que el articulado en cuestión refleja un “salto cualitativo” en el abordaje de una problemática vinculada a la caracterización del mundo laboral que instala el denominado “capitalismo de exclusión”.
Destacó que el texto apunta a atender a las necesidad de los trabajadores en un escenario con dinamismo que requiere la capacidad de innovar con sentido de justicia social.
Por el oficialismo, Eduardo Amadeo señaló que el proyecto resulta insuficiente si no se lo acompaña con planeamiento a largo plazo. Solicitó impulsar espacios de incorporación al mercado formal (a través de instrumentos de incentivo y mejoras educativas).
La única voz crítica fue la del diputado del Partido Obrero Néstor Pitrola, quien salió al cruce del acta firmada por las organizaciones sociales con el gobierno la semana pasada. Además, argumentó su posicionamiento conceptual opuesto a la organización de los trabajadores en cooperativas.
Pitrola resaltó que su espacio impulsará un dictamen alternativo que se propone prohibir salarios inferiores al mínimo vital y móvil, que dertemine el pase a planta permantentes de los trabajadores prevaricados y que combate la tercerización laboral.