(Cámara de Diputados – Sesión del 19/11/2014) Los senadores nacionales dieron la media sanción al controvertido proyecto de reforma del Código Procesal Penal, impulsado por el Poder Ejecutivo y que sufrió más de cuarenta cambios. La votación fue por 39 votos positivos del kirchnerismo y 24 negativos de la oposición. Ahora a Diputados con la intención de que sea sancionado antes de fin de año. “Este Código será una herramienta central para poder luchar especialmente contra el crimen organizado y delitos complejos como el lavado de dinero o la trata de personas”, opinó el oficialismo.
El proyecto sancionado –Expte. Nº 363-PE-2014- cambiará el actual sistema inquisitivo por uno acusatorio. Así, los fiscales pasarán a tener el control de las investigaciones y de los plazos del proceso, y se reduce el papel de los jueces a garantizar el debido proceso y a dictar sentencia.
Como miembro informante del proyecto de reforma del Código Procesal Penal, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guillermo Guastavino (FPV-PJ-Entre Ríos), sostuvo que el tratamiento de ese tema representa la llegada al final del camino de un cambio de sistema que “por años viene siendo criticado, pasando de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, como se viene pidiendo en la Justicia”.
En detalle, el senador aclaró que “sin lugar a dudas, este Código presenta principios del sistema acusatorio que son básicos”, y destacó la oralidad, que le da más dinamismo al proceso. También la publicidad, que “satisface el derecho a la información que tienen los ciudadanos”, como así también el principio de “mediación”, ya que el Código plantea que todas las cuestiones que deban debatirse lo hagan con el juez presente, por lo que el magistrado debe estar en contacto permanente con las partes.
Por el radicalismo, el senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut) valoró los aspectos positivos de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, pero expresó sus dudas por cuanto “impera hoy un clima de mucha desconfianza y un cuestionamiento generalizado hacia quienes pueden estar a cargo de la aplicación de este Código”, en referencia a la doctora Alejandra Gils Carbó.
Por su parte, Liliana Negre de Alonso (Justicialista-San Luis) agregó que “no se puede discutir un proyecto de Código Procesal Penal” cuando está por crearse un nuevo Código Penal. Enumeró una serie de razones para oponerse, en las que incluyó la necesidad de implementar antes también una Policía Judicial, y reiteró sus cuestionamientos a la creación de cargos sin antes haber hecho un estudio estadístico.
Pero las voces oficialistas no tardaron en llegar para pronunciarse a favor del proyecto del ejecutivo. La senadora Sandra Giménez (Fte. Renovador de la Concordia-Misiones) se manifestó “gratificada” por el proceso de reforma del Código Procesal Penal, por los debates realizados en el plenario de comisiones, considerando al nuevo Código como “el tránsito de nuevas oportunidades futuras en el entendimiento de la raza humana en cuanto a procesos de convivencia”.
El senador Ernesto Sanz (UCR-Mendoza) adelantó el voto negativo de su bloque al no acordar que el nuevo Código vaya a resolver los problemas de la justicia, como asegura el Gobierno. Asimismo aseguró que la decisión del bloque radical era unánime, porque en este tema “el diablo metió la cola en el artículo 5, cuando la sentencia puede abrirse a favor del condenado. ¿Por qué se legisla a favor del condenado y no a favor de la víctima?”, preguntó.
Para el senador Sanz, la incorporación del artículo 5 hace que el Gobierno pueda “parar la investigación de las causas sobre corrupción”, y lo calificó como “una vergüenza”. Se trata de la persecución única, en casos específicos, “salvo en la revisión de las sentencias a favor del condenado”.
A su turno, Aníbal Fernández (FPV-PJ-Buenos Aires) sostuvo que a partir de ahora el fiscal “es el que va a tener realmente la persecución penal” y en función de la dimensión de esa persecución penal “seguramente pueda tener más fiscales que colaboren con él, o en forma temática, o con otro tipo de peritos, u elementos que hagan que esa investigación prospere”. El senador k apunto: “En cualquiera de las formas hablamos de un juzgamiento ágil y eficiente -dijo-. Y lo que necesitamos para eso es garantizar la correcta implementación”.
Aníbal dijo no tener dudas de que “estamos ante la transformación legislativa más importante y avanzada de los últimos cien años”, y cuestionó “¿por qué le tenemos miedo a este tipo de situación?”. En ese sentido pidió pensar en la gente que “todos los días reclama justicia”.
Por su parte, el senador socialista Rubén Giustiniani (Partido Socialista- Santa Fe) cuestionó el debate que calificó de “demagógico” y estimó que “evidentemente hay un desinterés, porque siempre existe el máximo interés de que una ley salga con el máximo consenso; pero me parece que hay un desinterés de parte del oficialismo en contar con el acompañamiento. Me parece que hay una intención para trazar la raya entre ‘ustedes y nosotros’, de llevar a la oposición a no tener más remedio que votar en contra”.
Desde la oposición, el presidente del bloque radical del Senado, Gerardo Morales (Jujuy), confirmó que su bloque comparte la mayoría de los términos de la reforma procesal, pero advirtió que la iniciativa “desnuda” otro tipo de intenciones. En relación a los nuevos cargos, el senador advirtió que “antes de crear los cargos, hay que ver cómo queda la reestructuración”.
Una vez más, Morales solicitó la modificación de la ley de Ministerio Público Fiscal. El nuevo sistema debería ser “transparente” y con un mecanismo “colegiado”. “La procuradora va a administrar el presupuesto, pero va a estar sujeta a esa comisión”, señaló en una clara referencia a la Procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó.
Miguel Pichetto (FPV-PJ-Rio Negro) fue el que se mostró más duro contra la oposición. Además de calificar de “incoherente” la postura opositora y criticó que deberían haber votado en general a favor y objetar en particular los artículos cuestionados. “Uno esperaba un aporte más constructivo”, apuntó. También objetó que “venir acá a plantearnos el tema que ya cambiamos, y castigarnos con eso, me parece burdo”, haciendo referencia a las modificaciones realizadas en Comisión como fue la eliminación del término “conmoción social”.