(Cámara de Diputados – Comisión de Recursos Naturales – Reunión de asesores del 04/11/2014). Los asesores de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados no lograron ponerse de acuerdo sobre dos proyectos: uno de protección del medio ambiente y otro para declarar de interés una planta de residuos sólidos. Ahora deberán concurrir los asesores de los autores de los textos para su defensa.
El Expte. Nº 7563-D-2014, del oficialista Mauricio Gómez Buill (FPV-PJ-Santa Cruz), solicita una ley para la conservación de los ecosistemas naturales, la protección y preservación del paisaje natural y los bienes que integran el patrimonio nacional y así evitar una pérdida de la continuidad del hábitat. Las actividades que son alcanzadas por esta ley son: la minería, actividades relacionadas industria de hidrocarburos y plantaciones que excedan el límite máximo permitido para pequeños productores.
La iniciativa también establece “un proyecto de intervención del suelo que integre la totalidad del área destinada o concesionada para el emprendimiento o proyecto, observando criterios de optimización para minimizar la fragmentación del hábitat”. Las sanciones previstas incluyen recomponer el hábitat, en caso de haberlo dañado o hecho desaparecer.
Los asesores de la comisión consideraron que la “terminología es vaga”, particularmente con respecto a la terminología de hábitat, por lo que solicitaron que un asesor del diputado asista para poder explicar el espíritu del proyecto. Otro asesor sugirió crear una Ley de presupuestos mínimos para este fin. La última observación fue que debería ser una ley provincial de Santa Cruz, ya que la presentación fue motivada por la pérdida del hábitat en esa zona.
Pero el momento álgido durante la reunión de la Comisión fue con respecto al proyecto que busca expresar beneplácito por la inauguración de la planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos en la localidad La Leonesa, Provincia del Chaco –Expte 5802-D-2014-.
La iniciativa del diputado Gustavo Martinez Campos (FPV-PJ-Chaco) fue cuestionada desde un primer momento porque varios asesores no coincidían en destacar “algo que es obligatorio”. Desde la Comisión confirmaron que citarán al asesor para que explique los motivos por los que debería declararse el interés como tal.