A pesar de amparos del sector, Ejecutivo detalló procedimiento para la licitación pública de medicamentos a través de la UNOPS
7 octubre 2020

MÉXICO

El 5 de octubre el Poder Ejecutivo, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), dio mayores detalles sobre la futura compra de medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El monto a invertir será de aproximadamente $4.660 millones de dólares. También explicaron que se licitarán 2.380 claves de medicamentos de patentes, fuentes únicas y genéricos, y de material de curación. Hasta el momento no se ha confirmado si entre esas claves quedarán incluidos medicamentos oncológicos. Las compras concluirán en noviembre de 2020 para comenzar con las entregas escalonadas dentro del sistema sanitario a partir de enero 2021.

A través de una sesión informativa abierta, el INSABI presentó información referida a las licitaciones públicas internacionales que se llevarán a cabo para la compra consolidada de estos insumos, así como también del procedimiento aplicable a Registros Sanitarios. De acuerdo con Giussepe Mancinelli, director regional adjunto de la UNOPS para América Latina y el Caribe, el proceso de adquisiciones consistirá de dos fases: la primera apuntará al abastecimiento de necesidades inmediatas y de corto plazo, enfocado en el año 2021. La segunda estará destinada a cubrir el largo plazo, abarcando el período 2022-2024.

Esto sucede luego de que el 1 de octubre empresas y asociaciones del sector farmacéutico presentaron amparos ante el Poder Judicial respecto a la aplicación de la reforma al artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, que le permite al Estado evitar los procesos de licitación en favor de acuerdos de compra con organismos intergubernamentales, como la la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), cuando una investigación de mercado determine que una licitación no es la vía idónea para el caso. Hasta el momento el Poder Judicial no se ha expedido al respecto, pero en caso de fallar a favor de las entidades podría suspender el proceso de licitación.

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