(Cámara de Senadores – Sesión del miércoles 20 de marzo de 2013) Por unanimidad, con 63 votos afirmativos, los senadores le dieron el visto bueno al proyecto con media sanción impulsado desde el Ministerio de Trabajo. La iniciativa había sido avalada por Diputados a fines de 2012. Establece de uno a cuatro años de prisión a quienes cometan el delito.
Desde el radicalismo, no se acompañó el segundo párrafo del articulado, que señala que “quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente”. Como parte de las críticas, Laura Montero se preguntó si “realmente la sanción penal va a dar la solución al problema”.
En una sesión que comenzó a las 14, el entrerriano Pedro Guastavino (FPV) defendió como miembro informante el proyecto. “Uno no puede creer que haya empresarios inescrupulosos que exploten chicos por intereses económicos”, dijo el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
“Lo importante es cerrar el circulo para tener una resolución penal contra el trabajo infantil. No bastan las multas”, agregó.
“La persecución debe estar dada a esos empresarios que explotan a los niños para sacar provecho económico”, sentenció el legislador kirchnerista para luego decir que “lo importante es tener una Ley posible y permitir cerrar este círculo para que haya una persecución penal, porque no bastaron los controles y las multas”.
Sin embargo, el radicalismo se quejó porque la norma contradice la Ley de Trabajo que prohíbe el trabajo infantil y que establece que sólo pueden trabajar los menores de entre 14 y 16 años siempre que lo hagan en una empresa familiar y durante no más de 15 horas semanales. En ese sentido, el formoseño Luis Naidenoff (UCR) dijo que “donde están los chicos limpiando los autos, están los padres en las esquinas enviándolos a trabajar”.
Por su parte, la senadora Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal) se refirió a datos de la OIT que establecen, por ejemplo, que “el 60 por ciento del trabajo infantil existe en el trabajo agropecuario”. Entre sus diferencias, la puntana criticó que no queda claro “el verdadero responsable intelectual de la violación de los derechos de los niños”.
Aníbal Fernández, desde el kirchnerismo, consideró que “es imperioso discutirlo en lo penal porque está relacionado con la trata de personas”. Y agregó: “No nos detengamos en las preocupaciones. Vayamos a fondo con la propuesta”.
La salteña Sonia Escudero (8 de Octubre) se opuso a que habría que penalizar a los padres y puntualizó “criminalizar a los padres sería criminalizar la pobreza”.
“Nos tenemos que rebelar contra la naturalización de la pobreza y de las injusticias. Es contra eso que este proyecto quiere luchar”, resumió.
A la hora del cierre, con los números a favor del texto, Miguel Ángel Pichetto concluyó que “hoy estamos avanzando en la penalización de los que se benefician del trabajo infantil”. El ministro Carlos Tomada presenció toda la discusión desde los palcos, algo atípico entre los funcionarios kirchneristas.
La normativa penaliza al que “que promoviere, facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave”.
En tanto, dicta que no serán punibles los casos en que sea “el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta descripta”.