(Legislatura bonaerense – Balance 2014 – 16 de enero de 2015) Los diputados bonaerenses dictaminaron varios proyectos referentes al control de la telefonía móvil y defensa del usuario. Además, en sesión, aprobaron que las empresas de servicios deberán contar con oficinas en los 135 distritos y la necesidad de que se declare público el servicio de telefonía móvil.
Dentro de las Comisiones que se encargan del análisis de estos temas, la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un dictamen para que el Congreso de la Nación trabaje en pos de declarar a la telefonía móvil como servicio público.
Se trata del Expte. Nº 1322-D-2013, del diputado Abel Eduardo Buil (FAP), en el cual se solicita la declaración del servicio público “para garantizas la protección de los más débiles, en este caso los usuarios”. El diputado tiene en cuenta que existen diversas denuncias de los usuarios y asociaciones de consumidores, haciendo referencia al mal servicio que prestan. Es por eso que ante esta situación, Buil solicita que el Congreso Nacional legisle al respecto y que el Poder Ejecutivo adopte las medidas pertinentes para que la telefonía móvil sea considerada un servicio público.
En otros términos, el Expte Nº 2935-D-2012 solicita incrementar los controles de calidad de servicio para las comunicaciones móviles y/o eventualmente actualizar el reglamento de calidad para los servicios de radiocomunicaciones móvil celular y de telefonía móvil. Aldo Mensi (UCR), autor del proyecto, apunta a incrementar las inspecciones estipuladas para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de servicio vinculados a las comunicaciones móviles y propicias la revisión y adecuación del “Reglamento de Calidad de Servicio para el Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular y para el Servicio de Telefonía Móvil”, aprobado mediante Resolución SC Nº 18.979/99.
La misma comisión además aprobó un proyecto para que las personas ciegas puedan ingresar a los establecimientos con sus perros lazarillos. El Expte. Nº 0465-D-2014, del diputado Pablo Farías (Frente Amplio Progresista) impulsa el derecho al acceso, deambulación y permanencia de las personas con discapacidad visual total o parcial asistidas por “perros guías o de asistencia” a cualquier lugar público, privado de uso público, de atención al público y a todos los transportes públicos de pasajeros. Para que puedan hacerlo, el “perro guía”, deberá contar con una acreditación de que el perro ha adquirido las aptitudes de adiestramiento precisas para llevar a cabo la asistencia permanente de las personas con discapacidad visual, además de cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias.
Las sanciones implican una multa de entre 10 y 15 haberes mensuales de un empleado administrativo, categoría 4 del régimen horario semanal de 30 horas de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, y/o clausura de hasta noventa (90) días y/o inhabilitación de hasta ciento ochenta (180) días, el que impidiere o dificultare de cualquier modo el acceso a todo espacio público o de acceso público, o a los transportes públicos de pasajeros, a las personas con discapacidad visual, total o parcial, que se trasladen asistidas por “perros guías o de asistencia”, debidamente identificados como tales. Los diputados aprobaron la iniciativa pero decidieron ampliar el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales para rever las cuestiones de forma para la habilitación de las licencias.
Durante una de las últimas sesiones del año, el 11 de diciembre, la Cámara de Diputados bonaerense sancionó un proyecto de ley que obliga a las empresas de servicios públicos a contar con una oficina de atención personalizada a los usuarios, en las ciudades cabeceras de cada uno de los 135 distritos de la Provincia. La iniciativa –Expte Nº 0515-D-13/4– fue impulsada por el diputado oficialista Manuel Elías (FPV) aprobada en la Cámara baja y girada al Senado, donde tuvo modificaciones. La Cámara de Diputados le dio sanción final.
En la disposición central del proyecto se destaca que “toda empresa prestataria de servicios de telefonía, sea móvil o fija, de gas natural, agua potable y de servicio eléctrico, deberá contar con una oficina de atención personalizada, en las ciudades cabecera de cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires donde presten servicios, a fin que los usuarios o consumidores puedan efectuar los reclamos y/o consultas correspondientes en forma personal”. Y deben hacerlo en un plazo de 120 días a partir de su promulgación. Agrega, además, que los domicilios de las oficinas de atención personalizada al público, como así también su horario de atención, deberá estar especificado en la facturación.
En su giro al Senado, el proyecto pasó por las comisiones de Usuarios y Consumidores, donde solicitaron tener a la vista un proyecto similar. La Senadora Marina Moretti (FPV-PJ), a través del Expte Nº 0077-S-14, pretendía que las empresas de telefonía fija y móvil, de gas natural y de servicio eléctrico cuenten con oficinas de atención personalizada al público en todo el territorio provincial.
Además, se dictaminó favorablemente el proyecto del diputado Elias, sin modificaciones. La iniciativa de la Senadora Moretti se anexó para hacer un único trámite, pero fue tenido simplemente a la vista. Luego se amplío el giro a la Comisión de Legislación general que también le dio el visto bueno.
Finalmente, el Senado bonaerense dio la media sanción al proyecto presentado por el Diputado Manuel Elías que es más extensivo ya que contempla a las empresas tanto de servicios públicos como privados. Lo mismo hizo la Cámara de Diputados. El proyecto del diputado hace especial hincapié en la necesidad de las oficinas de atención personalizada para las personas mayores. Según argumenta el Diputado Elias: “Es habitual la situación de que al momento de realizar una consulta o reclamo vía telefónica ante las empresas el usuario es atendido por una grabación que lo deriva a un grupo reducido de opciones y si su consulta no se encuadra entre las previstas muchas veces no se puede acceder a la atención de un empleado o empleada que dé una respuesta válida para la inquietud o problema planteada”.
También, en la sesión del 16 de julio de 2014, los diputados bonaerenses sancionaron el proyecto de declaración (Expte. Nº 1883-D-2014) del diputado Mauricio D´Alessandro (Unión Celeste y Blanco) para declarar a la telefonía móvil como servicio público.
Los motivos que movieron al impulso de este proyecto tiene que ver con las constantes fallas de las prestadoras de este servicio: “los canales de comunicación se saturan, lo que se traduce en llamadas que se cortan, mensajes demorados y un servicio de Internet lento e intermitente”. Asimismo, el diputado también denuncia “las irregularidades existentes con relación a los precios y facturaciones”, donde los usuarios cada vez deben pagar más por un servicio cada vez más ineficiente.
El proyecto de D´Alessandro solicita que el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones, instrumente las medidas necesarias para declarar como servicio público a la telefonía móvil “lo que garantizaría una prestación en forma continua, regular, uniforme y general, en el marco de mecanismos adecuados de control”.