(Cámara de Diputados – Comisión de Derechos del Usuario – Reunión del 11/11/2014). Los diputados bonaerenses aprobaron un proyecto para incrementar los controles en las comunicaciones con telefonía móvil. También para que las personas ciegas puedan ingresar a los establecimientos con sus perros lazarillos. Fue postergado un proyecto de ley en pos de garantizar la igualdad de los derechos de usuarios y consumidores de empresas prestadoras de bienes y servicios.
Obtuvo dictamen el Expte Nº 2935-D-2012 que solicita incrementar los controles de calidad de servicio para las comunicaciones móviles y/o eventualmente actualizar el reglamento de calidad para los servicios de radiocomunicaciones móvil celular y de telefonía móvil. Aldo Mensi (UCR), autor del proyecto.
El proyecto apunta a incrementar las inspecciones estipuladas para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de servicio vinculados a las comunicaciones móviles y propicias la revisión y adecuación del “Reglamento de Calidad de Servicio para el Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular y para el Servicio de Telefonía Móvil”, aprobado mediante Resolución SC Nº 18.979/99.
Mensi asegura que “las pautas de calidad deben actualizarse en función de las nuevas tecnologías digitales y sus aplicaciones, el aumento significativo de la cantidad de usuarios, el uso masivo de la telefonía móvil y la importancia que reviste el correcto funcionamiento de las redes”. El argumento es común a otros proyectos relacionados a la temática: los reclamos referidos a telefonía móvil encabezan el ranking en todo el territorio nacional y los motivos están relacionados con la calidad del servicio, falta de cumplimiento de promociones o promesas contractuales; cargos no solicitados y sobrefacturación. Con este dictamen, el proyecto, no teniendo más giros a Comisión, queda disponible para ser elevado al recinto.
El Expte. Nº 0465-D-2014, del diputado Pablo Farías (Frente Amplio Progresista) impulsa el derecho al acceso, deambulación y permanencia de las personas con discapacidad visual total o parcial asistidas por “perros guías o de asistencia” a cualquier lugar público, privado de uso público, de atención al público y a todos los transportes públicos de pasajeros. Para que puedan hacerlo, el “perro guía”, deberá contar con una acreditación de que el perro ha adquirido las aptitudes de adiestramiento precisas para llevar a cabo la asistencia permanente de las personas con discapacidad visual, además de cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias.
Las sanciones implican una multa de entre 10 y 15 haberes mensuales de un empleado administrativo, categoría 4 del régimen horario semanal de 30 horas de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, y/o clausura de hasta noventa (90) días y/o inhabilitación de hasta ciento ochenta (180) días, el que impidiere o dificultare de cualquier modo el acceso a todo espacio público o de acceso público, o a los transportes públicos de pasajeros, a las personas con discapacidad visual, total o parcial, que se trasladen asistidas por “perros guías o de asistencia”, debidamente identificados como tales.
Los diputados aprobaron la iniciativa pero decidieron ampliar el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales para rever las cuestiones de forma para la habilitación de las licencias.
Luego fue el turno del proyecto –Expte. Nº 2959-D-2014-, de Fernando Pérez (UCR) que solicita sancionar una ley tendiente a garantizar la igualdad de los derechos de usuarios y consumidores de empresas prestadoras de bienes y servicios. En particular hace referencia a que “actualmente muchas ofertas para los usuarios solo aplican para los nuevos clientes que quieren acceder al servicio, pero los clientes que ya tienen contratado ese servicio no pueden acceder a la promoción”.
El legislador radical justifica que “no puede permitirse que las empresas, para captar clientes, solo ofrezcan promociones, facilidades y descuentos a los que aún no tienen el servicio y se excluya de dichos beneficios a los que actualmente ya tienen contratado el servicio” y apunta directamente a las empresas de televisión por cable, telefonía fija y móvil, medicina prepaga, bancos privados, empresas aseguradoras, concesionarias de peaje, entre otras. Finalmente los diputados no coincidieron y decidieron posponer el dictamen y que vuelva a análisis de los asesores.