(Legislatura – Reunión de Asesores de la comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios – 20 de octubre de 2014) Los asesores de la comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios trataron un proyecto de ley para controlar la compra venta de celulares de segunda mano, con el fin de reducir el robo de los equipos.
La iniciativa –Expte. N°0679-D-2014– impulsada por el legislador Helio Dante Rebot (PRO) tiene por objeto “incorporar requisitos de seguridad para la compra y venta de equipos de telefonía móvil usados en locales de comercialización o reparación dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”
Según se comentó en la reunión, la Agencia Gubernamental de Control -AGC- le dio el visto bueno al proyecto, pero advirtió que no cuenta con la estructura para para llevarlo a cavo este mecanismo, sin embargo se buscara una alternativa para poder aplicar esta ley.
La norma crea el “Registro Público de locales de reparación o comercialización de equipos de telefonía móvil usados”, donde se deben inscribir los locales que quieran realizar estas tareas, así mismo debe llevar un “Registro de compra venta de celulares usados”.
Con estas medidas se busca crear una base de datos con la información de los comercios, clientes y los productos, para asi, regular el comercio ilegal de celulares.
Luego se prosiguió a debatir tres proyectos de ley que quedaron pendientes de la ultima reunión.
El primero corresponde al Expte. N°1737-D-2014, presentado por el macrista Daniel Presti y tiene por objeto “garantizar un trato digno al consumidor, evitando prácticas comerciales que limiten o cercenen sus derechos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,”
Ademas, es competencia del comerciante decidir si al cliente se le devuelve el saldo en efectivo o mediante un comprobante legal que sea equivalente a dicho valor y que le sirva para cambiarlo en el local por otros productos.
También, se podrá realizar las devoluciones dentro de los treinta días posteriores a la operación a menos que el vendedor decida establecer un plazo mayor.
Uno de los principales focos de discusión era el plazo que se otorgaba para utilizar el crédito otorgado por el comercio, luego de haber realizar la devolución y haber obtenido el vale para cambiarlo ah futuro por nuevos productos.
Según la norma, un cliente tiene treinta días para poder cambiar el tiket, sin embargo el diputado Presti, estaba de acuerdo en extender el plazo hasta los noventa días. Otra de las propuestas era no asignar un margen de tiempo definido y que se lo pueda permutar en cualquier momento.
Hasta el momento la propuesta de los noventa días fue la que obtuvo mayor consenso.
La siguiente medida –Expte. N°2033-D-2014– de Federico Salvai (PRO), propone modificar la ley 757 en lo referente a sanciones y aplicaciones. En primer lugar lo que se quiere es que la impugnación deducida contra la sanción dispuesta por la autoridad en materia de Defensa del Consumidor, posea efecto devolutivo y por tanto no suspensivo.
Según el legislador, “lo que se intenta es que a través de ésta modificación, la cual se complementa con la modificación del art. 15 es que los mandatarios del GCBA estén habilitados para iniciar el correspondiente juicio de ejecución de la multa impuesta, a través de la ejecutividad del título que conformó el certificado de esa deuda, sin que ello se encuentre obstaculizado por el recurso que al efecto interponga el sancionado.”
La última medida corresponde al Expte. N°2388-F-2014 impulsada por la Defensoría del Pueblo, pretende prohibir que los locutorios o locales similares ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cobren cualquier valor adicional o arancel extra por sobre el valor real, conforme la tarifa vigente, de la llamada que el usuario realice o intente realizar.
Según indica el texto, esta norma responde a la cantidad de consultas y reclamos recibidas en por la entidad por parte de los usuarios.
Solo se realizó una modificación al texto que corresponde a los centros donde se pueden efectuar las denuncias como llamando al 147 mandando un e-mail o “en cualquiera de las oficinas de Defensa y Protección del Consumidor ubicadas en las Sedes Comunales”.
Esta ultima parte fue quitada ya que si en algún momento se llegara a modificar la constitución de la Ciudad y dejaran de haber comunas, la norma quedaría desactualizada y no se podrían realizar los reclamos.
Los cuatro proyectos aun siguen en estudio de los asesores de la comisión.