(Legislatura – Mesa de entradas del 18 al 30 de abril de 2014) La legisladora de Río Negro Susana Dieguez (FPV) pidió que la provincia cancele las deudas correspondientes a honorarios profesionales y gastos del proceso judicial iniciados por los integrantes de la Comisión Gremial Interna Zona Atlántica como representantes de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) local en el proceso de privatización del Blanco Provincia.

Según Dieguez, el objetivo es “poner un coto definitivo al avasallamiento de los derechos de los trabajadores que comenzó con el proceso de privatización del Banco Provincia de Río Negro, que se consolidó con la sanción de la Ley Nº 2.929, y que permanece aún hasta nuestros días a partir de que el Superior Tribunal de Justicia revocara el fallo de la Cámara del Trabajo e impusiera, en un fallo inédito, insólito e injusto en diciembre de 2000 el pago de elevadas costas a los integrantes de la Comisión Gremial Interna”.

“La privatización del Banco Provincia representa uno de los capítulos más significativos de la etapa neoliberal, privando al Estado y a la economía rionegrina de la herramienta básica para la promoción del desarrollo, a la vez que marcó un retroceso en materia de derechos laborales”, continúa la legisladora en los fundamentos de la iniciativa (Expte. Nº 0214-L-2014).

Y continúa explicando que, “frente a tales atropellos, los integrantes de la Comisión Gremial Interna Zona Atlántica, ejerciendo su responsabilidad como representantes del personal, se negaron a firmar su desvinculación, y en consecuencia, fueron despedidos por el gobierno provincial e indemnizados sin reconocer su calidad de delegados gremiales”.

Por ello, concluye que “es imperativo de justicia y equidad” que el Estado Provincial repare el perjuicio ocasionado.