(Cámara de Representantes – Comisión de Gobierno – 24 de octubre de 2013) A la espera de ser incluido en la agenda de la Comisión de Gobierno, se encuentra la iniciativa Expte. PC232 presentada por el Representante a la Cámara Luis Vega Ramos, Partido Popular Democrático (PPD).

El proyecto de ley que busca establecer como política pública del gobierno la utilización de programas de código abierto con el propósito de acortar los costos en las compras de programación, fue radicado el 2 de enero de 2013 y aún no ha sido debatido dentro de la comisión, a la cual pertenece el ponente de esta ley.

Ante los retos fiscales y económicos que atraviesa el país, para el representante Ramos es llamativo el gasto público (50 millones de dólares anuales),  que hace el gobierno  en programas electrónicos y sistemas operativos que podrían ser gratis; por lo cual expone el legislador “amerita que se ejecuten alternativas rentables para una nueva gerencia gubernamental que sea más efectiva en desarrollo de su misión”.

Según lo citó el proyecto, gobiernos como el de Nueva Zelanda, España e Inglaterra cambiaron su política pública, a fin de impulsar la utilización de programas de código abierto en proyectos gubernamentales; programados como Open Office, Open Solaris, Java, Linux, entre otros, son utilizados por empresas como la Bolsa de Valores de Nueva York, Citibank o la Universidad de Harvard.

Otros de sus fundamentos, fue el estudio realizado por la consultora O’Reilly y cuyos resultados motivaban a las empresas a adoptar software libres; entre ellas, destacaron la posibilidad de crear nuevos negocios, reducción de costos en la comercialización, actualización y mejora de las aplicaciones OpenSource.

Los antecedentes de este proyecto se remiten al 2009 cuando la actual Comisión de Gobierno, previo al análisis y debate del mismo proyecto PC1345, presentado también por el Representante Vega y 2 legisladores más,  emitió un informe negativo y recomendó la no aprobación de la medida.

El entonces presidente de la comisión, Carlos Méndez Núñez, concluyó  que la probación de esta iniciativa implicaría duplicidad de esfuerzos e incurrir en costos adicionales para promover al máximo el uso de la tecnología por parte del gobierno puertorriqueño.