El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de México y el Poder Legislativo chileno trabajan en impulsar la telemedicina para atender circunstancias de salud de respuesta inmediata y facilitar el acceso a los medicamentos. Germán Martínez (director del IMSS) pretende bajar el número de quejas que recibe el organismo y cristalizar -desde su posición- la nueva política de sanidad incluyente que desarrolla la Secretaría de Salud (SSA). Por otro lado, la iniciativa que actualmente trabaja la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados chilena es impulsada por el Poder Ejecutivo y pretende implementar la receta médica electrónica al crear la Central Electrónica de Recetas. Se espera que los cambios en México comiencen a ser visibles a partir de la implementación de licitaciones públicas de julio de 2019 en adelante, mientras que la iniciativa del caso chileno sería aprobada en la comisión de Economía en los próximos meses.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el instituto tendrá clínicas de tiempo completo con servicio nocturno, atención médica domiciliaria y telemedicina. Los cambios acompañan el impulso que pretende darle el mandatario a la cobertura universal de salud, la reducción en los costos de acceso a los medicamentos y el uso eficiente de los fondos públicos asignados a la SSA. La primera de estas reformas se verá recién plasmada en su totalidad a partir de 2021, según anunció el presidente, mientras que para la compra de medicamentos pretenden poner en práctica licitaciones públicas a partir de julio de 2019. Contar con los fondos que instituciones privadas y públicas le deben al IMSS será fundamental para cumplir estos objetivos.

En Chile, partidos políticos de la oposición y del oficialismo se manifestaron a favor del Expte. 12409, lo cual hace probable su avance en las próximas semanas. La Central Electrónica de Recetas que promueve la iniciativa le permitirá al país eliminar el requisito de la firma electrónica avanzada para darle validez a las recetas médicas, simplificará su uso y el gobierno asegura que facilitará el acceso a medicamentos. Esta normativa, en caso de ser sancionada, sumada a la Ley de Fármacos II también busca reducir el costo de los fármacos que se comercializan en el mercado nacional.