El 23 de julio, la Asamblea Nacional (AN) aprobó el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río) del cual el país se había retirado en 2013. El Tratado de Río establece la cooperación diplomática y militar de los países del continente frente a agresiones intra y extra-regionales a los Estados parte. Ese mismo día, Juan Guaidó promulgó la iniciativa y envió una notificación a la Organización de Estados Americanos (OEA). El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció que estas acciones carecen de validez jurídica. “El presidente de la República, Nicolás Maduro, es la única persona que puede celebrar o ratificar acuerdos internacionales en nombre del país”, aseguró el magistrado Juan José Mendoza Jover.
El tratado admite el uso de la fuerza militar “en ejercicio del derecho a la legítima defensa” y bajo el concepto jurídico de la responsabilidad internacional de los Estados de proteger a los ciudadanos de violaciones a los derechos humanos. De todas maneras, el empleo de la fuerza militar está contemplado como ultima ratio. A la hora de resolver un conflicto, los miembros pueden optar primero por la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Estado agresor y el establecimiento de un bloqueo económico, por ejemplo. Asimismo, pueden proveer asistencia humanitaria a los ciudadanos para proteger sus derechos humanos.
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