Después de que el Ministerio de Salud colombiano publicará una resolución, con el objetivo de establecer las razones de interés público que ameritan facilitar el acceso a los anti-virales, las empresas del sector se han opuesto a la decisión al abrir la competencia de mercado a más compañías. Queda claro así que las ganancias de los privados dependen de un costo creciente inaceptable para el tratamiento de pacientes.
La discusión tuvo lugar también en la Cumbre Mundial por la Hepatitis, llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza Mundial frente a la Hepatitis (WHA), y ha dado pie al proceso de estudio encarado por la cartera del gabinete presidencial. El análisis supone observar quiénes se encuentran en posesión de las patentes que permiten la comercialización de prescripciones contra esta afección, de forma tal que se les pueda quitar la exclusividad en la venta.
Organizaciones interesadas en los avances de la materia han recibido la decisión del ministerio con agrado, dadas las 71 millones de personas que padecen esta condición actualmente y los 400 mil individuos que pierden la vida anualmente por esta razón. La hepatitis C ya no representa un reto difícil de superar para la medicina mundial, gracias a los tratamientos desarrollados en base a anti-virales de acción directa (ADD) que curan la enfermedad en el 95% de los casos -aunque todavía no exista una vacuna preventiva.
Los motivos de esta medida persiguen la ampliación en el acceso a estas prescripciones, muchas veces imposibilitada por sus altos costos, para así aprovechar sus beneficios en términos de eficacia, seguridad y tolerancia (comparado con alternativas más antiguas). Las compras centralizadas del gobierno colombiano en julio de 2017 han sido un primer paso en la lucha por la reducción de precios, significativo en términos de ahorro y de distribución para sus ciudadanos afectados.
De esta forma, las organizaciones que nuclean a las farmaceúticas consideran innecesario ahondar en medidas de este tipo -al mismo tiempo que los interesados señalan la significativa reducción de costos final que representaría (al evitar que estos superen el millón de doláres). El mayor otorgamiento de patentes deberá poner bajo estudio la calidad de los fármacos producidos, en pos de evitar un monopolio a consecuencia de malos productos.