Los magistrados de la Sala concluyeron que el proyecto de ley no contiene vicios de procedimiento ni de fondo. El texto se envió en septiembre pasado por la Asamblea Legislativa al Poder Judicial para verificar su constitucionalidad.

La iniciativa le permitirá a la Dirección General de Tributación (DGT) acceder a todos los datos de las personas naturales y jurídicas, con las cuales las empresas tienen relaciones financieras, comerciales y profesionales. También obliga a las sociedades domiciliadas en el país a proporcionar al Banco Central de Costa Rica el registro de los accionistas y beneficiarios que tienen participación económica dentro de la empresa.

El aval de la Corte permitirá que el proyecto se vote en las próximas semanas por segunda y última vez en el recinto.

• Proyecto en consideración: Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
• Expte. Nº: 19245
• Resultado del encuentro: aprobado por la Sala Constitucional.
• Propuesta presentada por: Poder Ejecutivo
• Bloques a favor: Liberación Nacional, Unión Social Cristiana, Acción Ciudadana.
• Bloques en contra: Movimiento Libertario.
• Próxima instancia de debate: deberá tener una última votación.
• Observaciones: el proyecto otorga a la Administración Tributaria herramientas para recuperar impuestos no pagados por medio del cobro judicial, a la vez que implementa sanciones a los asesores tributarios que realicen maniobras ilegales para evadir o reducir el monto que deben de pagar los contribuyentes, y facilita el acceso a otra información de interés tributario para efectos de control y fiscalización.

La iniciativa además plantea que las personas físicas o jurídicas estén obligadas a aceptar como medio de pago, además del efectivo, las tarjetas de crédito o débito; igualmente establece la posibilidad de devolverle al consumidor hasta un punto porcentual del impuesto de ventas cuando realice la compra empleando medios de pago electrónicos.