La iniciativa obligará a todas las empresas públicas que tengan o no actividad comercial, a destinar el 15% de sus utilidades para fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social y ampliar la cobertura a los trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza. Si bien, la iniciativa contempla al sector público, no se descarta que pueda incorporarse a la ley al sector privado.

La comisión de Asuntos Sociales aprobó enviar el proyecto a consulta pública de bancos nacionales, administradoras de pensiones y de la Procuraduría General de la República. Además, integró una subcomisión con los diputados Patricia Mora (FA), Luis Vásquez (PSUC) y Sandra Piszk (PLN) para que el próximo 9 de noviembre presenten un informe a la comisión con las opiniones recibidas por los organismos públicos.

Para convertirse en ley el proyecto deberá aprobarse en la comisión de Asuntos Sociales y en el recinto de la Asamblea.

• Proyecto en consideración: Interpretación auténtica del Artículo 78 de la Ley de protección al trabajador, N° 7983.
• Expte No: 19.736
• Comisión: Asuntos Sociales
• Cámara: Unicameral
• Propuesta presentada por: Gerardo Vargas Rojas (PUSC)
• Bloques a favor: Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y Movimiento Libertario.
• Bloques en contra: ninguno.
• Próxima instancia: se envía a consulta pública y sigue en estudio dentro de la comisión.
• Observaciones: La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social María del Rocío Sáenz Madrigal, y el gerente de pensiones, Jaime Barrantes Espinoza asistieron esta semana a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales para debatir acerca de la universalización de las pensiones.

Los funcionarios manifestaron que “por los montos que se han podido recaudar difícilmente se va a poder sostener un programa de gran impacto dadas las características de los costos que tendría poder afiliar a todos los trabajadores no asalariados”.

Si bien, los bancos del Estado son quienes más aportan recursos para el funcionamiento del programa, los ingresos en muchos casos se ven limitados porque hay instituciones que se declaran en quiebra y esos aportes se dejan de recibir.