La Asamblea Nacional en su encrucijada
Venezuela
24 junio 2019

La Asamblea Nacional (AN) es el órgano que ejerce por mandato constitucional el poder legislativo en Venezuela. Sin embargo, desde 2016 ha visto su capacidad de acción minada por una serie de medidas encaradas por los poderes ejecutivo y judicial. En este informe explicamos cómo se fue avanzando sobre las atribuciones de la Asamblea Nacional y cuál es su situación actual.

2016: La AN es declarada en desacato por el TSJ

El primer hito se produjo tras las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, en las que la oposición obtuvo el 56,2% de los votos logrando obtener 112 de los 167 escaños en juego. En el mes de enero siguiente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró a la Asamblea Nacional en desacato por tomar juramento a tres diputados pese a la medida cautelar emitida por el mismo órgano que suspendía temporalmente la elección. Los actos dictados del cuerpo legislativo serían considerados nulos hasta tanto no se acatara la decisión del Tribunal.

2016: 73% de las leyes sancionadas son declaradas inconstitucionales

Durante el año 2016, el máximo tribunal de Venezuela, declaró la inconstitucionalidad de 11 de las 15 leyes sancionadas por la Asamblea Nacional, en particular por considerar que dichas iniciativas vulneraban artículos de la Constitución referidos al reconocimiento de Venezuela como un Estado Democrático y Social y a las facultades del Poder Ejecutivo.  Entre las normas cuestionadas se encuentran la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, las reformas a la Ley del Banco Central de Venezuela, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Ley de Contraloría y Ley de Telecomunicaciones.

2017: El Tribunal Supremo de Justicia asume las funciones de la AN

En marzo de 2017, el TSJ emitió una sentencia en la que anunciaba que asumiría todas las competencias correspondientes a la AN: “Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho”.

2017: Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente

En mayo de 2017, Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) mediante el Decreto Presidencial N° 2830. Las elecciones tuvieron lugar en julio y en agosto de ese mismo año el cuerpo quedó oficialmente conformado, sin representación de la oposición. La ANC asumió las facultades legislativas de la AN que el TSJ tenía en ese momento, incluyendo la de dictar actos parlamentarios en forma de ley. Desde entonces, ha sancionado todos los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo. Formalmente, la Asamblea Nacional no fue disuelta pero sí privada de atribuciones. La coexistencia con la ANC supone una dualidad en el Poder Legislativo que agrava la crisis institucional de Venezuela.

2019: TSJ declara inconstitucional a la AN

Horas después de las protestas del 21 de enero, el TSJ publicó un fallo en el que declaró que el Poder Legislativo había incurrido en una “omisión constitucional reiterada”. También determinó la nulidad de su junta directiva encabezada por Juan Guaidó. La AN había aprobado cuatro decisiones, entre ellas una amnistía a funcionarios civiles y militares y una que declaraba usurpador de la Presidencia a Nicolás Maduro.

2019: Se remueven las inmunidades de 22 diputados de la AN

En lo que va del 2019, 22 legisladores de la AN fueron privados de su inmunidad parlamentaria. En la mayoría de los casos, los pedidos de desafuero se basaron en supuestos vínculos con la organización de las protestas del 30 de abril pasado. Para que la pérdida de inmunidad tenga lugar, el TSJ debe solicitar el allanamiento de dicho privilegio y la ANC aprobar el pedido. En otras palabras, es necesaria la acción conjunta del Poder Judicial y de la asamblea constituyente. Esta situación, sumada a la de otros legisladores que no ejercen su función por razones políticas, pueden comprometer el quorum necesario para sesionar que es de 84 diputados. A fines de mayo, la Comisión de Política Interior de la AN informó que se encontraban trabajando en un mecanismo de “quorum virtual” para “mantener la voz y el voto de los diputados que actualmente se encuentra en el exilio, en la clandestinidad o son perseguidos”.

2019: ¿Se adelantarán las elecciones?

A mediados de mayo Maduro declaró que la AN “es la única institución que no se ha legitimado en cinco años”, situación que según él justifica la celebración de elecciones anticipadas. De este modo, el oficialismo podría aspirar a retomar el control de la AN. Si lo logra, la ANC como poder legislativo paralelo dejaría de existir.  Los diputados tienen mandato hasta el 5 de enero de 2021, mientras que las elecciones deberían realizarse en diciembre de 2020.

Las acciones desarrolladas por los poderes ejecutivo y judicial desde 2016 han, sin lugar a dudas, socavado las atribuciones y capacidades legislativas de la Asamblea Nacional. Sin embargo, políticamente esta sigue teniendo gravitación en el marco de la crisis que vive el país.  La mermada asamblea es el foro en el que Juan Guaidó busca legitimar sus declaraciones y acciones. En esa misma línea las decisiones del cuerpo, privadas de validez jurídica en el plano interno, se han orientado a respaldar la diplomacia de Juan Guaidó y su plan de gobierno. La elaboración del anteproyecto de ley de hidrocarburos,  la aprobación del pago de bonos de PDVSA y la discusión de tratados internacionales son algunos ejemplos de eso.  

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