SOSTENIBILIDAD
Información pública ambiental. A principios del mes de marzo, 24 países aprobaron un acuerdo de nivel regional y cumplimiento obligatorio que garantiza el derecho al acceso a la información pública ambiental. La decisión fue tomada tras la novena reunión de negociación celebrada en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en San José de Costa Rica. A partir de la firma de este acuerdo, los gobiernos de la región estarán obligados a garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisión política referidos al ambiente. La ratificación del acuerdo está prevista para el 27 de septiembre de 2018 durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
El “Acuerdo Escazú” -nombre por el cual también se conoce al documento- fue alcanzado tras cuatro años de discusión y será un hito histórico para la democracia ecológica del continente, fijando obligaciones que cada uno de los países deberán respetar. La secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, señaló que este tratado es el único en su tipo a nivel global y resaltó el hecho de que le otorga a las personas la posibilidad de intervenir en las decisiones que impactan sobre su entorno y sus propias vidas.
Este instrumento reconoce el derecho a un ambiente sano, participativo y de voces fuertes, que construya una democracia ambiental regional para la ciudadanía. El estándar de calidad que supone alcanzará a otras áreas como el intercambio y la cooperación entre naciones, colocando a la igualdad y la sostenibilidad en el centro de la cuestión -como señaló la misma funcionaria de la CEPAL.
El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, estuvo presente -como anfitrión- en la ceremonia de clausura y se refirió a la buena noticia que el acuerdo representa ante la lucha latinoamericana contra la delincuencia, la pobreza, la desigualdad y el odio. También puntualizó que la declaración representa una clara defensa de los derechos humanos, ante la presencia de varios de sus ministros y en consonancia con Bárcena -quien dio fe del compromiso firme e inequívoco de la región en la materia.
Próximos pasos
A partir de este acuerdo, la intención es alcanzar una implementación plena y efectiva del mismo en América Latina y el Caribe -habilitando a la población como actor relevante en la conformación de políticas públicas en materia ambiental. Los países tendrán un plazo de dos años para suscribirlo y luego deberán ratificarlo en sus respectivas legislaciones nacionales. La CEPAL buscará colocar al Secretario General de las Naciones Unidas como depositario de este acuerdo y se dará a conocer su adopción en el 37º período de sesiones, máxima instancia de la institución, a realizarse entre el 7 y el 11 de mayo de 2018 en La Habana, Cuba.