Ingresaron al Congreso dos proyectos de ley para penalizar a los clientes de la prostitución. En el Senado, Aníbal Fernández (FPV-PJ) propone penalizar a quienes contraten los servicios de víctimas de trata. En Diputados, por su parte, Marcela Rodríguez (Democracia Igualitaria y Participativa) impulsa una sanción para todos los clientes, exista o no consentimiento por parte de la trabajadora sexual, quien en ninguna de las dos iniciativas es penalizada.
El proyecto del ex Jefe de Gabinete incorpora el artículo 127 bis al Código Penal, mediante el cual se disponen penas de uno a tres años para quien “utilice o procure servicios sexuales de una persona sabiendo o debiendo saber que es una víctima de trata de personas”. En los casos en que las víctimas sean menores de edad, las penas se incrementan de cinco a diez años.
Atento al avance del debate sobre trata en foros internacionales, Fernández plasma en su proyecto la acción negativa del cliente, en tanto responsable en la generación de la demanda de trata de personas para la explotación sexual.
Por su lado, Marcela Rodríguez lleva su propuesta más allá, impulsando una sanción para todo consumidor sexual, sin importar si la trabajadora es víctima de una red de trata o no.
En declaraciones a la prensa, Rodríguez sostuvo que “la prostitución siempre es explotación, independientemente de que quien la ejerza lo haga por propia decisión”. Por ello, en su iniciativa se incorpora el artículo 126 bis al Código Penal, estableciendo penas de seis meses a tres años a quien “ofreciere o entregare una suma de dinero” por el “uso sexual de una persona”.
Rodríguez sigue de esta manera los lineamientos de la legislación sueca, aplicada desde hace diez años. Según la legisladora, “el modelo de penalización del cliente funciona bien, porque reduce notablemente la trata y la prostitución”.
En Diputados, la iniciativa cuenta con el aval de miembros de todo el arco político, desde los oficialistas Héctor Recalde y María Elena Chieno, hasta opositores radicales como María Luisa Storani (UCR), Nora Iturraspe (Unidad Popular) y Virginia Linares (GEN). A su vez, tanto la propuesta de Fernández como la de Rodríguez fueron celebradas por la titular del Programa “Víctimas contra las Violencias”, del Ministerio de Justicia de la Nación, Eva Giberti.
Sin embargo, no todas las voces son de apoyo. Por caso, Elena Reynaga, referente de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), salió al cruce de estas iniciativas legislativas.
“Al clandestinizar al cliente, nos clandestinizan a nosotras, y eso agrava la trata y la explotación”, sostuvo Reynaga, quien también cuestionó a la policía: “Una cosa es la policía de Suecia y otra la de Argentina, que hace caja con nosotras”, agregó.
En el Congreso, parece haber consenso sobre esta temática. Sin embargo, su inclusión en la agenda parlamentaria deberá ganarle la carrera a las campañas electorales que se avecinan en este 2013.
FOTO: www.diariofemenino.com.ar
Área de Actualidad
Fundación Directorio Legislativo
www.directoriolegislativo.org
@DireLegislativo