Con el FPV a la cabeza, la Cámara de Diputados logró que el proyecto de participación público-privada, considerado fundamental para el Gobierno Nacional, vuelva a comisión. El proyecto tiene estrecho margen de tiempo para obtener sanción definitiva, y todo indica que deberá ser tratado en período extraordinario de sesiones.
El proyecto de participación público-privada, enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y que establece un régimen de asociación entre el Estado y empresas privadas para construcción de obras de infraestructura, ya contaba con media sanción del Senado y estaba siendo debatido esta tarde en el recinto de la Cámara de Diputados.
El dictamen que había llegado al recinto de Diputados contenía varias modificaciones respecto al texto aprobado por el Senado, y durante el discurso del miembro informante de la mayoría, Daniel Lipovetzky (PRO), se habían anunciado mayores cambios, que se darían a conocer en profundidad durante el debate en particular de la iniciativa.
Promediando el debate, el diputado Francisco Furlan (FPV-Buenos Aires) presentó una moción para que el proyecto vuelva a comisión, al afirmar que esta “no es cualquier ley, vamos a destruir miles de puestos de trabajo argentino”.
Una vez finalizados los discursos de los diputados, el Presidente de la Cámara, Emilio Monzó, puso en consideración la moción de Furlan para que el proyecto volviera comisión. Y allí la sorpresa: ante la perplejidad del oficialismo, la votación resultó favorable para la moción de Furlan por una ajustada mayoría: 107 votos a favor y 105 en contra, con 9 abstenciones.
A pedido de Héctor Recalde, esa votación fue nominal. En el conteo de votos, no solo el FPV apoyó la moción: diputados del Frente Renovador de Massa, del Bloque Justicialista y hasta de la UCR, también aportaron votos para que el proyecto volviera a comisión. Las abstenciones correspondieron a diputados de los bloques de Libres del Sur, el Partido Socialista, el GEN y de la diputada Silvia Horne, del Peronismo para la Victoria.
Para acceder a la votación nominal, haga click aquí.
El proyecto volverá entonces a comisión, obstaculizando de esa manera la sanción definitiva de un proyecto que el Poder Ejecutivo considera neurálgico para su plan de gobierno, en términos de atracción de capitales para la financiación de obras de infraestructura.
A cinco semanas de que termine el período ordinario de sesiones, el proyecto hubiera tenido ya poco margen de tiempo para ser sancionado, si la Cámara de Diputados le hubiera introducido hoy modificaciones, ya que el texto hubiera tenido que volver al Senado. Ahora, con la vuelta a comisión en Diputados, la iniciativa tendrá muy pocas probabilidad de obtener sanción definitiva antes de fin del período ordinario, por lo que si el Ejecutivo quiere empezar el 2017 con la ley sancionada, deberá incorporar el proyecto al temario de sesiones extraordinarias a realizarse en diciembre.
Más allá del proyecto en sí mismo, la vuelta a comisión de esta iniciativa representa un duro revés legislativo para el Gobierno Nacional. El segundo, si se cuenta la sanción de la Ley Antidespidos a mediados de este año, que terminó siendo vetada por el Presidente Mauricio Macri. De esta manera, se demuestra el difícil difícil escenario parlamentario con el que se enfrenta el Gobierno, ya que cada proyecto de ley impulsado por el oficialismo requiere de duras negociaciones para poder ser aprobado.
Esas negociaciones suponen ejercicios de toma y daca en dos sentidos: hacia el interior de la coalición legislativa, y hacia el exterior de la misma, con otros bloques parlamentarios que pueden aportar los votos necesarios para la sanción de proyectos. Las negociaciones no son fáciles en ningún sentido. Hacia adentro, Elisa Carrió, aliada del oficialismo, esta semana dio por tierra con el proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal, al no mostrar acuerdo con el dictamen que esta misma tarde CAMBIEMOS quería aprobar en el recinto de Diputados. Hacia afuera, el Frente Renovador (principal interlocutor del oficialismo en la Cámara de Diputados), acaba de demostrar que su capacidad de veto, al acompañar al FPV en la moción para que el proyecto de PPP vuelva a comisión.