El ministro de Transporte Guillermo Dietrich presentó los principales lineamientos que tiene en agenda su cartera de cara al año próximo. Está previsto que maneje el 4,1 por ciento (96.479 millones de pesos) del total de los gastos de la Administración Nacional. Lo hizo en el marco de la discusión por el Presupuesto 2017 ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El funcionario macrista enmarcó su gestión resaltando el rol de la obra planificada. Señaló que es necesario aplicar criterios para priorizar qué obras se pueden llevar a cabo ahora y cuáles hay que comenzar después, en función de que “todo junto no se puede hacer” con “recursos limitados”.
Resaltó que es necesario tener en cuenta modos de transporte sustentables, apuntando a profundizar lo colectivo sobre lo individual y buscando reducir los costos ganando eficiencia.
En la disertación, Dietrich subrayó que los desafíos centrales de Transporte para los próximos años son desarrollar un plan vial en 12 años y un plan ferroviario a 20 años.
Remarcó que los lineamientos estratégicos de su gestión pasan por desarrollar una red de infraestructura con una mirada federal, donde se observe la seguridad vial, la capacitación de trabajadores de transporte y la transparencia.
Respecto al estado de la red de cargas, indicó que se encuentra colapsado. Aseveró que se mueven 450 millones de kilos en camión y que la producción “se transporta igual por 400 kilómetros o 1200 kilómetros”.
Enfatizó en que esas obras deben implementarse con una perspectiva federal, para acortar las distancias y diseñada “en función del desarrollo de las economías regionales”.
“Nuestra misión es implementar el plan de infraestructura más ambicioso. Si no lo hacemos es un serio limitante para el crecimiento de nuestro país”, estimó. Y manifestó que la producción Argentina tiene calidad de primera línea, pero el problema para mejorar la competitividad son los costos de logística hasta los puertos.
Por otra parte, solicitó que el Congreso avance en la sanción del proyecto de ley en revisión para establecer el régimen de participación público privada como una herramienta para potenciar las obras en infraestructura.