Un fallo del Poder Judicial habilitó al presidente de la República, Nicolás Maduro para enviar el Presupuesto 2017 al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no a la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución.

El mandatario venezolano hizo la solicitud a la justicia argumentando que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato por juramentar el pasado 28 de julio, a 3 diputados de la oposición que fueron suspendidos por el TSJ en diciembre de 2015 acusados de comprar votos.

La decisión del TSJ también le prohíbe a la Asamblea Nacional – de mayoría opositora al Gobierno – modificar, incidir o alterar las partidas presupuestarias que apruebe el Supremo. Con el aval de la justicia Maduro aseguró que en los próximos días aprobará el Presupuesto 2017 como un decreto del Poder Ejecutivo.

El máximo órgano del sistema judicial de Venezuela justificó su decisión en “la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional (…) y con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional”.

Ante el fallo de la Justicia el presidente, Nicolas Maduro dijo: “yo estoy obligado a cumplir la sentencia (…) voy a convocar a una asamblea popular y aprobaré por decreto ley, y entregaré al Tribunal Supremo el presupuesto del año 2017”.

El Tribunal Supremo es un órgano controlado por el chavismo que en los últimos 10 años no ha fallado en contra del gobierno. Desde la asunción del nuevo Parlamento su tarea ha sido bloquear permanentemente las iniciativas que aprueba el Congreso justificando que las leyes son inconstitucionales.