Funcionarios del Poder Ejecutivo presentaron el proyecto que dispone el pago de juicios de los jubilados a la ANSES y el blanqueo de capitales. Distintos bloques de la oposición se mostraron a favor del proyecto en general, pero presentaron disidencias en particular. El oficialismo se propone dar dictamen al proyecto el próximo martes 7 de junio. La oposición reclama más tiempo para debatir el extenso texto, compuesto por 94 artículos.
En un plenario de las Comisiones de Presupuesto y de Previsión Social, funcionarios del Poder Ejecutivo explicaron los principales lineamientos del proyecto. Entre ellos, se encuentran el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, el viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y el titular de la AFIP, Alberto Abad.
El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, describió capítulo por capítulo la iniciativa, que incluye la declaración de la emergencia de litigiosidad en materia de previsión social, la creación de una pensión universal a la vejez, un régimen de blanqueo de capitales, beneficios para contribuyentes cumplidores y una reforma impositiva que involucra a Bienes Personales, el impuesto a los dividendos y a la Ganancia Mínima Presunta.
“Un Estado que estafa a sus abuelos es símbolo de una sociedad que no honra a sus mayores”, afirmó Quintana durante su discurso.
A su vez, dijo que ninguna persona mayor de 65 años carecerá de ingresos una vez que la iniciativa esté aprobada. Para sustentar tanto el pago de los juicios como la pensión universal, el proyecto contempla utilizar los fondos generados por el blanqueo, y permite la afectación de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, un punto criticado por la oposición.
Al respecto, Quintana sostuvo que “el destino de ese fondo tiene que honrar su razón de ser, que es el pago a los jubilados”.
“Necesitamos que los más pudientes que por diferentes razones han evadido impuestos, hoy aporten en este momento de la Argentina, sinceren sus pertenencias y paguen el impuesto extraordinario que hemos establecido”, afirmó.
A su turno, el titular de la AFIP, Alberto Abad, ubicó este proyecto en un contexto global en el que los países empezarán a compartir su información financiera para combatir el lavado de dinero y la evasión impositiva, a partir de los nuevos lineamientos tanto del G20 como de la OCDE.
Explicó que el blanqueo tiene un esquema de impuestos en el que los montos de hasta 305 mil pesos, no tendrán penalidad; hasta 800 mil, se prevé un impuesto del 5 por ciento y a partir de esa cifra, del 10 por ciento hasta el 31 de diciembre de este año, y del 15 por ciento desde esa fecha hasta el 31 de marzo de 2017. Los bienes inmuebles pagarán en todos los casos el 5 por ciento.
Por su parte, Emilio Basavilbaso afirmó que con este proyecto se dará un cierre al capítulo de “alta litigiosidad con nuestros abuelos”.
En ese sentido, se prevé un esquema de pago a los jubilados de acuerdo a tres grupos: aquellos que tengan sentencia firme, aquellos que hayan hecho juicio pero no tengan sentencia firme, y aquellos jubilados que a pesar de no haber hecho juicio, el fallo de la Corte conocido como “fallo Badaro”, les otorga el derecho al ajuste del haber jubilatorio.
El proyecto habilita a la ANSES a vender acciones del FGS en empresas privadas para solventar el pago de los juicios, un punto muy criticado por el kirchnerismo.
Tras los discursos de los funcionarios, fue el turno de las preguntas de los legisladores. Desde diversos bloques de la oposición, se dio apoyo en general al proyecto, aunque se realizaron críticas puntuales, como la afectación de las acciones de la ANSES, se pidió la exlusión de legisladores, judiciales y contratistas del Estado y se criticó la eliminación del impuesto a Bienes Personales y Ganancias Mínimas Presuntas. Los bloques opositores también coincidieron en pedir más tiempo para debatir el proyecto, que el oficialismo planea dictaminar el próximo martes 7 de junio.