(Legislatura bonaerense – Balance 2014 – 30 de enero de 2015) Los senadores bonaerenses dictaminaron pocos proyectos referentes a la telefonía móvil pero si en defensa de los consumidores. Uno reviste especial importancia: aprobaron que las empresas de servicios deberán contar con oficinas en los 135 distritos y la necesidad de que se declare público el servicio de telefonía móvil.
En el seno de la comisión de Usuarios y Consumidores los senadores dictaminaron un proyecto para que las empresas de servicios públicos o privados tengan oficinas de atención al público, en todas las ciudades de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa había sido aprobada en la Cámara baja y girada al Senado, donde tuvo modificaciones. La Cámara de Diputados le dio sanción final.
El proyecto unificado a partir del Expte Nº 0515-D-13/4, del diputado Manuel Elías (FPV) y el Expte Nº 0077-S-14, de la senadora Marina Moretti (FPV-PJ) pretende que las empresas de telefonía fija y móvil, de gas natural y de servicio eléctrico cuenten con oficinas de atención personalizada al público en todo el territorio provincial. El objetivo es facilitar la realización de los trámites y reclamos de los usuarios “con la fluidez y comodidad que supone ser atendido en oficinas de atención personalizada al público, ubicadas en zonas cercanas al domicilio de los usuarios y/o consumidores”.
El otro proyecto dictaminado fue el Expte. Nº 0218-E-14/15, del Presidente de esta comisión, Hernán Albisu (Frente Renovador) que válida las iniciativas grupales “para resolver conflictos que involucren a grupos de usuarios y consumidores cuyos derechos de incidencia colectiva hubieran sido afectados de manera homogénea por acciones u omisiones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen en carácter de proveedores de bienes o servicios”.
El autor advirtió que el objetivo es “garantizar que el sistema de justicia pueda brindar una respuesta única y común para todo el grupo afectado”. La iniciativa también prevé una escala arancelaria y una regulación mínima para este tipo de asuntos, fundada en la necesidad de generar incentivos adecuados para el planteo de este tipo de complejas causas, por un lado, y en la imposibilidad del actor de suscribir pactos de cuota litis con los miembros del grupo, por el otro.
De autoría de Albisu también, los senadores bonaerenses dieron media sanción al dictamen con modificaciones a la Ley de derechos del consumidor de la Provincia de Buenos Aires para que las actuaciones judiciales promovidas por consumidores sean gratuitas, e incluso, las costas sean absorbidas por la demandada.
El proyecto (Expte. Nº 180-E-2014) resuelve que “Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, gozarán del beneficio de litigar sin gastos, incluyendo las costas del proceso”.
Sin embrago, la incitativa prevé que “La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”, y en ese caso “El juez de la causa también podrá condenar al actor a las costas del proceso, cuando su conducta haya sido calificada judicialmente de maliciosa o temeraria”.