(Cámara de Senadores – Comisión de Usuarios y Consumidores – Reunión de asesores del 04/11/2014). Los asesores de los senadores bonaerenses, pertenecientes a la comisión de Usuarios y Consumidores, acordaron pasar a dictamen un proyecto para que las empresas de servicios públicos o privados tengan oficinas de atención al público, en todas las ciudades de la Provincia de Buenos Aires. Además, pasarán a dictaminen el proyecto que establece los procesos colectivos para resolución de conflictos de usuarios y consumidores.

Primero fue el turno del proyecto unificado a partir del Expte Nº 0515-D-13/4, del diputado Manuel Elías (FPV) y el Expte Nº 0077-S-14, de la senadora Marina Moretti (FPV-PJ)  que pretende que las empresas de telefonía fija y móvil, de gas natural y de servicio eléctrico cuenten con oficinas de atención personalizada al público en todo el territorio provincial. El objetivo es facilitar la realización de los trámites y reclamos de los usuarios “con la fluidez y comodidad que supone ser atendido en oficinas de atención personalizada al público, ubicadas en zonas cercanas al domicilio de los usuarios y/o consumidores”.

El otro proyecto que pasa a dictamen es el Expte. Nº 0218-E-14/15, del Presidente de esta comisión, Hernán Albisu (Frente Renovador). La iniciativa prevé que serán válidas aquellas iniciativas grupales “para resolver conflictos que involucren a grupos de usuarios y consumidores cuyos derechos de incidencia colectiva hubieran sido afectados de manera homogénea por acciones u omisiones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen en carácter de proveedores de bienes o servicios”.

Albisu advierte que el objetivo es “garantizar que el sistema de justicia pueda brindar una respuesta única y común para todo el grupo afectado”. La iniciativa también prevé una escala arancelaria y una regulación mínima para este tipo de asuntos, fundada en la necesidad de generar incentivos adecuados para el planteo de este tipo de complejas causas, por un lado, y en la imposibilidad del actor de suscribir pactos de cuota litis con los miembros del grupo, por el otro. Se busca, en definitiva, asimilar –al menos en parte- la situación del actor a lo que ocurre usualmente en el mercado legal cuando se asume la representación de un caso judicial.