(México – 19 de septiembre de 2014) Con la conformación del Instituto Federal de Telecomunicaciones en septiembre de 2013, el diseño de la Estrategia Digital Nacional, la aprobación de la ley de telecomunicaciones y las reformas internas en el IFAI, el último año ha implicado fuertes cambios institucionales para el sector.
En primer lugar, se conformó hace un año el Instituto Federal de Telecomunicaciones en reemplazo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, dándole mayor jerarquía y facultades. Este organismo autónomo cuenta con una Coordinación General de Organización y Tecnologías de la Información.
En noviembre de 2013 se aprobó la Estrategia Digital Nacional como un programa del gobierno federal de cinco años que busca el desarrollo de las tecnologías de información y desarrollo.
Luego, en julio de este año se sancionó la ley de telecomunicaciones y radiodifusión y la ley del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano que generó fuertes controversias en el mercado de las telecomunicaciones.
Finalmente, en febrero de 2014 se aprueba una reforma constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos en la que el IFAI adquiere autonomía constitucional, se convierte en última instancia y sus fallos son inatacables. Fueron nombrados 7 comisionados por periodos de 7 años pero, por ser la primera vez que se conforma como órgano autónomo, se seleccionaron 2 que durarán 4 años, 2 por 6, 2 por 8 y 1 por 9. Adicionalmente, se amplía la jurisdicción del IFAI del poder Ejecutivo al Legislativo y al Judicial, además de a los órganos autónomos del Estado (el electoral, Ombudsman, Banco Central, etc.) y se le confiere al IFAI la facultad de ser Tribunal de segunda instancia en caso de que el solicitante no esté de acuerdo con el fallo de un órgano garante a nivel estatal.
A estas reformas institucionales se le suma una reforma hacendaria donde se tomarán las siguientes medidas: facilitación para incorporar a quienes no pagan impuestos al sistema tributario, aumento en los impuestos para los más ricos (35%), anulación gradual del sistema de consolidación fiscal (que permitía a las grandes empresas realizar deducciones de hasta el 95% de sus impuestos) y reducción acelerada y mensual del subsidio a la gasolina y diésel.