(Cámara de Senadores – Plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda, de Justicia y Asuntos Penales, de Derechos y Garantías y de Industria y Comercio – Reunión del 20 de agosto de 2014) Un plenario de comisiones discutió durante casi 10 horas los proyectos de reforma de la Ley de abastecimiento y de defensa de los derechos de los consumidores con la presencia de funcionarios nacionales quienes enfatizaron que la reforma principal “no está inspirada” en el modelo venezolano y defendieron la intervención del Estado en los mercados. Desde el empresariado cuestionaron la “discrecionalidad” que habría en la formación de precios. El FPV intentará darle media sanción a los proyectos durante la primera semana de septiembre
Con críticas de empresarios y una enérgica defensa oficial, el Senado puso en marcha el miércoles el debate de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Abastecimiento –Expte. N°0300-S-2014-, inaugurar un fuero judicial para acelerar los reclamos de consumidores –Expte. N°0298-S-2014– y crear un observatorio de precios –Expte. N°0299-S-2014-.
El análisis de las propuestas del Ejecutivo se dio en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda, de Justicia y Asuntos Penales, de Derechos y Garantías y de Industria y Comercio, reunidas en el Salón Azul.
Desde el Ejecutivo descartaron que la nueva Ley de Abastecimiento esté emparentada con el modelo venezolano, tal como criticaron desde la oposición. “Si creen que está inspirada en alguna legislación internacional, digan de qué articulo se trata, para que nos quede claro”, desafió Augusto Costa, Secretario de Comercio.
Jorge Capitanich abrió el debate y ponderó la intervención del Estado en la economía para evitar la concentración del mercado.
El jefe de Gabinete explicó que las iniciativas responden a tres cuestiones: reafirmar el rol del Estado en la economía; cumplir con el mandato constitucional de reglamentar los derechos del usuario y del consumidor; y garantizar el “funcionamiento adecuado del sistema económico”.
Por su parte, Julián Álvarez, viceministro de Justicia de la Nación, denunció que algunos empresarios “se dejan llevar por lo que dicen los diarios” y sostuvo que en el marco de la polémica generada por la Ley de Abastecimiento “se oculta parte esencial del debate: las herramientas que proyectos le dan a consumidores”.
En tanto, Costa aseguró que se busca “empoderar al consumidor” y “equilibrar relaciones desiguales”, al tiempo que apuntó a las “estrategias empresariales” que “restringen la soberanía del consumidor” a través de la “desinformación” sobre bienes y servicios.
A su turno, el senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut) comenzó con las criticas al afirmar que esa norma hoy “no está vigente”, ya que el Digesto Jurídico –donde figura- dispone “un plazo de 180 días para ver las leyes que estaban vigentes o no”.
“Hoy la Ley de Abastecimiento está derogada y mal que les pese está en los decretos”, dijo el senador, aunque Costa pidió “dejar de confundir a la gente con que ‘se viene una nueva ley’ cuando ya hay una ley vigente”, mientras Álvarez recordó que incluso “hace tres meses se aplicó contra un laboratorio y hay un dictamen de la Procuración del Tesoro”.
Así mismo, el senador radical Eugenio “Nito” Artaza (Corrientes) objetó la reforma a la Ley de Abastecimiento propuesta por la Casa Rosada por considerar que propone “herramientas vetustas, que ya no han funcionado”.
El legislador correntino consideró que “hay otras herramientas para controlar los precios”, como la reducción del IVA a productos de la canasta familiar y la “profundización” el programa Precios Cuidados lanzado por el propio Gobierno.
“Estamos distorsionando las herramientas”, dijo Grabirela Michetti (PRO-CABA), al recordar que desde su origen la norma en cuestión “estuvo destinada a situaciones específicas de la economía, no a proteger a los consumidores y usuarios”, aunque Álvarez, le respondió: “La veo solitaria en ese planteo”.
Desde el sector empresarial, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, sostuvo que la propuesta es “muy perjudicial para la producción en Argentina”.
En este marco, Etchevehere criticó las políticas agropecuarias del kirchnerismo al señalar que “el campo se mantuvo a pesar del gobierno. Cuando el gobierno vio que podía recaudar a partir de subir la presión impositiva al sector agropecuario, lo hizo”.
En representación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME, que preside Osvaldo Cornide), Ignacio De Jáuregui sostuvo que “ninguna entidad como la CAME se opuso a las clausuras arbitrarias de la Ley de Abastecimiento dictada en 1974”.
No obstante, indicó que “en la Argentina hay muchos grupos monopólicos y oligopólicos en los sectores públicos y privados que requieren controles y sanciones para evitar abusos contra las PyMEs y los consumidores”, y “ello requiere una legislación adecuada”.
Por otra parte Máximo Fonrouge, del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, opinó sobre esta norma que “concentrar discrecionalidad excesiva en funcionarios es peligroso”, pero el viceministro de Justicia le respondió que “las leyes tienen una autoridad de aplicación, que es el Poder Ejecutivo”, pero que éste se maneja “sobre los límites que pone el Congreso”.
Por su parte, el titular de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), Carlos Garetto, denunció que el proyecto de Ley de Abastecimiento “le pone un cepo a la producción” y además “pone en riesgo la mesa de los argentinos”.
El presidente de la entidad de la Mesa de Enlace argumentó que esto se debe a la “discrecionalidad” en el control de precios cuando “el precio es el mayor incentivo a la producción”.
En tanto, la CAC (Cámara Argentina de Comercio) insistió con la postura ya planteada en el comunicado que emitió este martes el denominado “Grupo de los 6” contra la Ley de Abastecimiento.
El economista de la entidad, Gabriel Molteni, señaló que “mantiene el espíritu original” porque “ratifica los controles discrecionales” de los mercados “para la autoridad de aplicación”.
Por otra parte, pidió también incluir en el observatorio de precios que crea otro de los proyectos a “la parte empresaria, además de funcionarios y representantes de asociaciones”.
En la misma sintonía se expresó Juan Manuel Vaquer (AmCham Argentina) también se mostró preocupado por que “sea la autoridad de aplicación la que fije el precio” de los productos.
La reunión entró en un cuarto intermedio y se reanudará el debate el martes 26 a las 11 de la mañana.