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Ley de Concordato, la deuda pendiente con el sector empresarial
25 junio 2014

(Informe Especial – Empresas y Economía – 25 de junio de 2014) Banqueros, inversionistas y empresarios panameños, coinciden en la necesidad de promover una Ley de Reestructuración Ordenada, que les permita a las empresas que caen en insolvencia económica, seguir operando en el sector, en vez de liquidarse, tras ser declaradas en quiebra.

La inexistencia, de una ley de bancarrota o concordato preventivo, es un factor de riesgo e incertidumbre, que ha puesto en peligro la afluencia de capitales extranjeros en el país; ya que de producirse una recesión económica, no existe un marco jurídico, que los proteja.

No obstante, aunque varios han sido los intentos, por diseñar una normativa, todos ellos fueron fallidos. En el 2011, desde la Presidencia de la República, se anunció la preparación del proyecto “Ley de Quiebra”, que en consenso con los sectores involucrados, se presentaría ese mismo año; sin embargo, entre idas y vueltas, el proyecto aún sigue sin elaborar.

Por otro lado, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Mario de Diego, presentó al Ministerio de Comercio, un anteproyecto, para establecer un sistema de reestructuración financiera en las empresas “aunque que  no se trataba de una ley de quiebra, ya que el término se contempla en diferentes leyes y códigos del país, se hacía una revisión exhaustiva en la materia”, señaló el funcionario.

El anteproyecto, iniciado desde la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, fue el resultado de varios años de trabajo, en conjunto con el gremio, y se presentó al Gobierno Nacional, con el objetivo de ser acogido por el Ejecutivo, para luego radicarse en la Asamblea Legislativa. Esta vez, según lo informado a Directorio Legislativo, tampoco se le dio curso al proyecto.

Los antecedentes

Los escandalosos procesos de quiebra de los bancos Disa y Banaico o de las empresas Adelag, Fotokina y Estrellamar, pusieron en evidencia la necesidad de una ley que regulara el sector. Pero el gran precedente, lo sentó en el 2013, la sociedad Newland International Properties, desarrolladora, del Trump Ocean Club International Hotel & Tower, el edificio más alto y lujoso de Panamá.

Newland fue el primer emisor panameño, en acogerse bajo leyes estadounidenses, a un Código de Bancarrota, de ese país, que les permitió a través de un plan de reestructuración, renegociar su deuda con los acreedores, comprometiéndose a pagar el 100% del capital invertido, más los intereses.

De esta forma, además, de evitar múltiples enredos judiciales y terminar como una de las grandes pérdidas inmobiliarias del país, la sociedad pudo seguir operando.

A este recurso, acuden las empresas, al demostrar que su crisis no fue por fraude, estafa, o malos manejos, sino por situaciones externas a su plan de negocios. En el caso de Newland, el instrumento también pudo ser utilizado, porque, aunque el registro fue en la Bolsa de Valores de Panamá, (BVP) la emisión de bonos con los que lograron financiarse, fueron colocados en la Bolsa de Nueva York.

Los problemas financieros para la empresa iniciaron en el 2008 cuando los bancos panameños retrasaron la aprobación de hipotecas. En el 2010, como parte de un plan B, empezaron a utilizar los fondos de reserva, que no fueron suficientes para cumplir en el 2011 y 2012, con el pago de intereses, y amortización que debían hacer a los tenedores de bonos, por USD 220 millones de dólares.

Ante la crítica situación, y luego de diseñar una reestructuración avalada por el 42% de los tenedores de bonos, las fechas de pago lograron extenderse del 2014 al 2017, tras el fallo de un juez en Nueva York; que con su decisión, abrió un nuevo camino ante la bancarrota, y marcó la urgencia, de desarrollar un instrumento legal en Panamá.

Aunque, no hay luz verde para el sector empresarial, y en la Asamblea Legislativa no existe ningún proyecto de esta naturaleza, si hay esperanza que el electo presidente Juan Carlos Varela – cuyo mandato inicia el próximo 1 de julio – asuma el desafío de diseñar políticas económicas, antes la posible amenaza de quiebra.

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