(Cámara de Senadores – Jornada Especial – 19/09/2013) La senadora Norma Morandini (Frente Cívico – Córdoba) coordinó un debate público sobre la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en el Senado de la Nación. Representantes de Abuelas de Plaza de Mayo y autoridades del BNGD estuvieron presentes y compartieron sus experiencias.
La jornada comenzó con la intervención de Norma Morandini quien destacó la necesidad de garantizar el derecho a la información en un ámbito representativo como lo es el Senado.
“Este Banco fue fruto del trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo y su creación durante el gobierno alfonsinista, exactamente en 1987, puso a la ciencia al servicio de la tragedia”, comentó Morandini.
Desde su creación, el BNDG funcionó en el Hospital Durán. Sin embargo y a raíz de la sanción de la Ley Nº 26.548 en el 2009, el Banco pasó a funcionar bajo la jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, lo que fue criticado por Morandini.
La senadora cordobesa consideró que este cambio viola la universalidad de los derechos, ya que al limitar los datos del Banco al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad, se restringe el derecho a otras personas que quieran esclarecer su identidad.
Fue parte de la jornada María Isabel “Chicha” Mariani, fundadora y ex presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Entre los logros alcanzados por su lucha, destacó la propia creación del BNDG. Al igual que Morandini, se mostró precupada por su traslado a la órbita del Ministerio de Ciencia.
Entre los expositores también se encontraban Belén Rodríguez Cardoso, directora del BNDG y María Teresa Fernández del Movimiento Memoria Militante quienes evidenciaron preocupación por el traslado del Banco. En particular, Férnandez expresó que esta ley “genera incertidumbre” y que “es deber del Estado informar sobre la cuestión”.
Los argumentos legales de la negativa al traslado del BNDG los aportaron las abogadas Gabriela Figueroa y Viviana Alanis.
Figueroa consideró regresiva a la Ley Nº 26.548 ya que establece un límite temporal para la actuación del BNDG: los nacidos registrados después del 10 de diciembre de 1983 no podrán acudir a este organismo. Por este motivo, sostuvo la ley es “un retroceso para el derecho a la identidad”.